Con 135 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento, dejando la iniciativa lista para su promulgación como ley de la República.

La norma, cuya tramitación se extendió por casi dos años y que fue despachada inicialmente por la Cámara en julio de 2024, busca establecer un marco regulatorio para fortalecer la transferencia de conocimientos y tecnologías desde universidades, centros de investigación e instituciones científicas hacia la sociedad y el sector productivo. En términos prácticos, apunta a facilitar que los resultados de investigaciones financiadas con recursos públicos se traduzcan en innovaciones, emprendimientos, nuevos productos y soluciones para desafíos económicos y sociales.

“Esto es un trabajo de años de diferentes gobiernos”, sostuvo la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, tras la votación. Además, agregó que este resultado lo aprecia como “un paso adelante para Chile, para crear ese músculo de innovación que todos estamos de acuerdo en que nos falta engrosar y hacer más sólido”.

La secretaria de Estado destacó además que la iniciativa refleja un esfuerzo conjunto entre el mundo científico y el ecosistema emprendedor. “Esta ley los ayuda, los habilita. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo como país: habilitar para que Chile tenga soberanía en cuanto a datos, creación de empresas, comercialización y desarrollo de la innovación”, afirmó.

Del laboratorio al mercado

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es que reconoce explícitamente la transferencia tecnológica como una función estratégica del sistema científico nacional. Para ello establece obligaciones y mecanismos de coordinación entre el Estado, las instituciones de educación superior y los organismos públicos encargados de promover la investigación y la innovación.

La ley asigna a los ministerios de Ciencia, Educación y Economía diversas responsabilidades para fomentar la protección de resultados de investigación, el intercambio de conocimiento y la transferencia tecnológica. La iniciativa también crea el Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica, que será administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Esta plataforma tendrá acceso público y gratuito y buscará recopilar, conservar y difundir la producción científica y tecnológica generada en el país.

Otro de los cambios introducidos durante el paso por el Senado fortalece los principios de ciencia abierta. Las universidades deberán promover mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a recursos formativos e informativos, tanto digitales como físicos, ampliando el acceso al conocimiento generado en las instituciones de educación superior.

Para los actores involucrados en la gestión de innovación, la aprobación de la ley representa la respuesta a una necesidad largamente planteada desde el propio sistema científico. Javier Ramírez, director ejecutivo de Know Hub Chile, sostiene que uno de los elementos más relevantes es precisamente el origen de la iniciativa.

“Este es un proyecto que nace a instancias de los diferentes actores involucrados en la cadena de valor de la transferencia tecnológica. Surge porque gestores tecnológicos, universidades y centros de investigación detectaron una serie de cuellos de botella y limitaciones legales que dificultaban el proceso”, explica.

A su juicio, la ley aborda aspectos críticos que históricamente obstaculizaron la creación de empresas derivadas de la investigación universitaria. Entre ellos, las restricciones derivadas de normas de probidad administrativa que impedían o dificultaban la participación de investigadores en emprendimientos tecnológicos surgidos desde sus propias instituciones.

Las modificaciones introducidas durante el segundo trámite también reforzaron los estándares de transparencia y rendición de cuentas. Entre otras medidas, se estableció que académicos e investigadores deberán solicitar autorización a sus instituciones cuando participen en empresas vinculadas a la universidad, decisión que deberá adoptarse mediante resolución fundada. Al mismo tiempo, se incorporaron normas de transparencia activa para las instituciones de educación superior públicas y privadas que tengan participación en empresas de base científico-tecnológica.

La ley también obligará a informar anualmente al Congreso sobre las acciones desarrolladas para fomentar la transferencia tecnológica, incluyendo indicadores de implementación, impacto y resultados.

Asimismo, las entidades que ejecuten proyectos financiados con recursos públicos deberán comunicar los resultados obtenidos a los investigadores que participaron en ellos, incluso cuando estos ya no mantengan vínculo contractual con la institución.

“La nueva ley abre una puerta que llevábamos años esperando: que la ciencia y el conocimiento de frontera lleguen también de forma directa a la sociedad y al sector productivo”, señala Susana Cabello, vicerrectora de Investigación de la Universidad Mayor.

Según la académica, uno de los principales avances es permitir que investigadores puedan participar en empresas de base científico-tecnológica sin enfrentar las restricciones que existían hasta ahora. Pero advierte que la aprobación de la ley es apenas el primer paso.

Con el respaldo prácticamente unánime de la Cámara y tras superar todas las etapas legislativas, la iniciativa queda ahora a la espera de su promulgación. Su entrada en vigencia está prevista para el primer día del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial.