En una semana marcada por la alerta de incendios en diversas regiones del país, la reciente adjudicación de fondos para Centros de Interés Nacional, dada a conocer por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), genera preocupación en amplios sectores de la comunidad científica chilena.

Entre los proyectos que no resultaron beneficiados se encuentra el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), uno de los principales referentes nacionales en investigación interdisciplinaria sobre cambio climático, pese a contar con más de una década de evaluaciones positivas por parte de paneles científicos internacionales. Este centro fue dirigido en su oportunidad por la actual ministra del Medioambiente, Maisa Rojas.

Según explica Pilar Moraga, académica de la Universidad de Chile y directora del CR2, el resultado se enmarca en un cambio estructural de la política científica impulsado por el actual gobierno. A diferencia de años anteriores -cuando existían “áreas prioritarias” definidas por un consejo científico, como cambio climático o cáncer-, el nuevo modelo eliminó esa lógica y la reemplazó por un sistema de financiamiento basado en “tipologías de proyectos”, agrupados según su vocación, como ciencia aplicada o apoyo a políticas públicas.

Esto viene de la última actualización a la Política Nacional de Centros, realizado en 2023 por el Ministerio de Ciencia, el cual establece cambios en la tipología de repostulación. Entre estas modificaciones se pone fin a los Centros en Áreas Prioritarias (Fondap), cuya misión era generar conocimiento en respuesta a un problema público de relevancia, y donde existan brechas en el desarrollo de capacidades nacionales o en políticas públicas en el ámbito priorizado.

Los Fondap, como el CR2, para asegurar su continuidad debieron postular a los aportes estatales para los nuevos Centros de Investigación y Desarrollo de Excelencia de Interés del Estado, cuyo objetivo es contribuir con conocimiento generado desde la investigación científica interdisciplinaria para el desarrollo y bienestar del país en ámbitos de interés del Estado y las políticas públicas propuestas por los postulantes. La pertinencia de la investigación de este tipo de centros es definida por comités de evaluadores expertos, donde todas las propuestas compiten entre ellas de igual a igual.

“El efecto concreto de este cambio es que hoy Chile se queda sin aporte estatal para la ciencia del clima y la resiliencia”, advierte Moraga. A su juicio, el problema no es solo que el CR2 no haya sido adjudicado, sino que no existe un mecanismo que asegure la continuidad de capacidades estratégicas para el país. “Antes, al menos, se garantizaba que algún centro desarrollara investigación en áreas consideradas prioritarias. Hoy eso ya no ocurre”, señala.

Uno de los aspectos que más desconcierto han generado es la diferencia entre las evaluaciones obtenidas por el CR2 en las distintas etapas del proceso. De acuerdo con Moraga, el proyecto recibió calificaciones “excelentes” por parte del panel internacional de expertos científicos -consistente con las evaluaciones anuales que el centro ha obtenido durante sus 13 años de existencia-, pero su puntaje final no fue suficiente tras la revisión de un panel nacional no científico. Hasta ahora, dice, no se ha entregado información detallada sobre los puntajes finales, el cohorte ni la brecha entre proyectos adjudicados y no adjudicados.

Ante este escenario, el centro evalúa recurrir a un recurso de reposición, mecanismo contemplado en las bases del concurso. “Estamos reuniendo antecedentes para definir si corresponde impugnar el resultado”, explica la académica.

Más allá del proceso administrativo, la exclusión del CR2 abre un escenario complejo para su continuidad. El financiamiento de un Centro de Interés Nacional alcanza los $1.200 millones anuales, comprometidos inicialmente por cinco años y prorrogables por otros cinco tras una evaluación positiva. Sin esos recursos, la operación del centro se vuelve inviable en su forma actual.

“Podemos seguir trabajando en red como investigadores, pero no es posible mantener el equipo de gestión, las plataformas tecnológicas ni los servicios climáticos sin un financiamiento de esa magnitud”, afirma Moraga. A ello se suma la situación financiera de las universidades que integran el CR2 —de Chile, Austral y de Concepción—, lo que hace improbable que puedan suplir esos recursos.

El impacto, advierte, trasciende al propio centro. El CR2 ha desarrollado plataformas de riesgo y vulnerabilidad climática a nivel local, ha apoyado la elaboración de planes comunales y ha contribuido directamente a políticas públicas. “La pregunta de fondo es cómo se van a reemplazar esas capacidades. El gobierno podría haber creado el Instituto de Cambio Climático, que estuvo en carpeta, y no se hizo”, remarca Moraga.

En ese sentido, Moraga cuestiona la coherencia de la política pública actual con la Ley Marco de Cambio Climático, que establece que las decisiones deben basarse en la mejor ciencia disponible. “Las autoridades debieran explicar cómo se va a cumplir ese mandato si se desmantelan las principales capacidades científicas del país en esta materia”, sostiene.

Mientras se define si habrá una impugnación formal, el caso reabre el debate sobre el rumbo de la política científica en Chile y el lugar que ocupa la investigación climática en un contexto marcado por incendios forestales, olas de calor y crecientes riesgos ambientales.

Otras de las iniciativas que quedaron en lista de espera fueron el Centro Chileno para la Sustentabilidad del Océano; el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Humedales y Agua, y el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, entre otros.

También el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), poniendo fin a 12 años de trabajo asociativo e interdisciplinario en ciencias sociales. En un comunicado, COES destacó que su producción -incluyendo el Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), observatorios, programas de formación y bases de datos- “permanecerá disponible como bien público para el país”, subrayando que el conocimiento generado “trasciende al propio centro” y constituye una comunidad científica madura. La no adjudicación, señalaron, abre “un momento de reflexión institucional y colectiva”, en el que las universidades del consorcio evaluarán cómo resguardar y proyectar el legado del centro, reafirmando su compromiso con “una ciencia al servicio del bien común”.

A su vez, de los centros de investigación que sí se adjudicaron fondos para su desarrollo durante los siguiente años destacan algunos como el Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile; el Centro para el Bienestar y el Desarrollo de Adolescentes y Niños en la Era Digital; el Centro Nacional de Investigación en Ríos, Invasiones y Sistemas (IRIS); el Centro para el Transporte, la Logística y la Competitividad Económica Avanzadas, y el Centro de Vigilancia, Epidemiología y Nuevas Tecnologías para Amenazas Emergentes de Enfermedades Infecciosas.

Otro de los centros que se adjudicaron fondos es el Centro para el Avance de la Transformación del Sistema Agroalimentario, comandado por las universidades Andrés Bello y de Talca. El rector de esta última, Carlos Torres, reconoce que esto “cumple uno de los anhelos institucionales de participación en proyectos de gran envergadura, que dotan de un financiamiento de largo plazo”.

También lograron renovar su financiamiento el Centro de Investigación Interdisciplinaria sobre Riesgo de Desastres, Resiliencia y Recuperación (CIGIDEN R+); el Centro de Investigación en Energía Solar (SERC Chile) y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus).

Esta, además, no es la primera vez en el año que ANID está bajo la lupa. En junio, una reevaluación de fondos para Institutos Milenio golpeó a dos grandes centros científicos del país -Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería y el Instituto Chileno de Astrofísica (MAS)-, dejándolos sin recursos, y puso el foco en la entonces ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry.