El Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acordó -por votación unánime- alzar la suspensión que se dispuso en la tramitación de la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

El tribunal de alzada nortino había tomado la determinación de congelar el proceso a petición de la defensa de Orrego, mientras se discutía trasladar el caso a Santiago.

Ahora, la Corte de Antofagasta volvió a dar curso al proceso, tras la certificación que emitió el Juzgado de Garantía de la ciudad, donde indica que en audiencia próxima resolverá respecto de la incompetencia de dicho tribunal para ver la causa penal que investiga los convenios suscritos por la fundación ProCultura y diversos gobiernos regionales del país.

En la resolución, el tribunal de alzada antofagastino señala que “habiendo desaparecido la causa que motivó la suspensión del procedimiento de desafuero y remitido por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, la información previa necesaria para el pronunciamiento conforme a derecho por parte de este Tribunal Pleno, álcese la suspensión del procedimiento decretada”.

“En esta etapa procesal y encontrándose disputada, a requerimiento del propio incidentista, la competencia del tribunal del grado, este Tribunal Pleno no puede emitir pronunciamiento de la incidencia cuya pretensión precisamente es determinar la incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del procedimiento de desafuero”, se agrega.

De esta forma, se expone que “careciendo el pleno de esta Corte de Apelaciones de la competencia directa para pronunciarse de la excepción de incompetencia promovida y habiéndose ya ocurrido ante quien corresponde para su debida resolución, se omite pronunciamiento, sin perjuicio de la competencia de este Tribunal de Alzada para conocer de los recursos que se deduzcan respecto de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía resolviendo el mentado incidente”.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró que se haya alzado la suspensión, ya que permite que se continúe con la tramitación de esta solicitud, iniciada el 4 de septiembre, y que tiene como única finalidad resolver si hay o no mérito para la formación de causa penal por los hechos que se investigan.

“Nuestro compromiso como Fiscalía Regional es la tramitación ágil y transparente de todas las investigaciones que llevamos a cabo, especialmente aquellas que son de alto interés para la opinión pública por la naturaleza y gravedad de los hechos investigados”, apuntó el persecutor.