El Consejo de Defensa del Estado (CDE) está decidido a no soltar las responsabilidades penales y civiles que podría haber en el fraude de Vitacura cometido por el exalcalde Raúl Torrealba (ex-RN) y algunos de los funcionarios de su mandato.

Por eso, junto con ser querellante en la arista penal, ahora ingresó una demanda en juicio sumario de indemnización de perjuicios en contra de Arnaldo Cañas y César Silva, con el “objeto de que se les condene al pago de una indemnización por concepto de fraude al Fisco, en perjuicio de la Municipalidad de Vitacura ascendente a la suma de $766.790.886″.

Los demandados son personajes clave del caso. Silva trabajó como contador de la municipalidad y era uno de los funcionarios de confianza del exdirector de los programas Vita, Domingo Prieto, quien falleció a inicios de agosto. Cañas, en tanto, también era contador y se desempeñó, entre otras labores, en el programa Vitaemprende.

Ambos, de hecho, ya fueron condenados por ese caso en la arista penal. El 22 de mayo los dos llegaron hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para aceptar su responsabilidad por el delito de fraude al Fisco. Con esa jugada consiguieron la rebaja en sus penas, las que serán cumplidas en libertad y a la que se sumaron multas de $16 millones en el caso de Cañas y $99 millones para Silva.

Sin embargo, ahora enfrentan una nueva arremetida judicial, pero esta vez en sede civil. La demanda del CDE se trata de la primera acción judicial de este tipo presentada por el organismo en el caso Torrealba. Por lo mismo, el organismo aclara en el escrito de 19 páginas que la demanda y solicitud de indemnización en contra de Cañas y Silva no implica una renuncia a “dirigirse contra los demás involucrados por el total adeudado”.

En la misma demanda el CDE argumenta que todos los implicados en el caso se organizaron desde el 2011 al 2021 para defraudar el patrimonio de la Municipalidad de Vitacura. En ese sentido, define a Torrealba como “el líder de la organización”.

Junto con eso, la acción judicial también expone detalladamente cómo se llevaron a cabo las maniobras y cómo se ejecutaron los mecanismos que permitieron defraudar al Fisco.

En el caso particular de los excontadores, el CDE apunta a que eran quienes manejaban los recursos de las organizaciones municipales defraudadas. Cañas y Silva, según el CDE, “debían girar cheques desde las cuentas bancarias de distintas entidades y cobrarlos por caja o retirar parte del dinero en efectivo recaudado por ellas, el que luego era entregado en sobres a Raúl Torrealba o depositado en cuentas corrientes de los otros integrantes de la organización delictiva o entregados también en efectivo a ellos”.

Tras el dinero defraudado

En su acción civil el organismo presidido por el consejero Raúl Letelier sostiene que entre los mecanismos que utilizaron los dos contadores para defraudar al Fisco está la emisión de facturas ideológicamente falsas, las que eran generadas por ellos mismos o por terceros.

La operación provocó que la repartición Vitadeportes generara un perjuicio fiscal de $61 millones, a los que se suman otros $129 millones por parte del Consejo Local de Deportes y Recreación de Vitacura.

“En consecuencia, los delitos de fraude al Fisco cometidos por los demandados civiles tuvieron como resultado un perjuicio a la Municipalidad de Vitacura que asciende a $766.790.886″. Además el CDE también pide que se condene a los excontadores de Vitacura, incluso, al pago de las costas del juicio civil que recién comienza.

Para el CDE existió desviación de fondos provenientes de subvenciones municipales, de ingresos por la administración de la piscina municipal y de arriendos de espacios publicitarios municipales, “los cuales eran utilizados para obtener beneficios económicos para sí mismos o para terceros, principalmente en beneficio de Raúl Torrealba, sin cumplir con los fines para los cuales se otorgaban y recibían dichos recursos”.

En ese contexto, el CDE también pide que la justicia civil mantenga lo dictado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y congele los bienes de los imputados, estableciendo una prohibición de enajenación de los inmuebles o vehículos que estén a nombre de los dos condenados.

En el caso de Silva, según detallan, corresponde a una vivienda en Puente Alto, derechos de propiedad en otro inmueble en la misma comuna y de un departamento con bodega y estacionamiento en Viña del Mar. Cañas, por su parte, es propietario de una vivienda en un condominio de Puente Alto y de un automóvil.

La demanda del CDE ya se está tramitando y la defensa de Silva -representada por el abogado Marcos Contreras- pide al 23° Juzgado Civil de Santiago que rechace desde un inicio la demanda y no entre al fondo.

Las razones de esa defensa apuntan, principalmente, a que tanto el proceso penal -del cual su representado ya fue condenado- como la demanda civil “se basan en los mismos hechos”. Además, plantea Contreras en un escrito, el monto demandado “solo fue determinado según el avance existente de la investigación a la fecha de dictación de la sentencia en el juicio abreviado y que existen otros imputados –que incluso fueron reformalizados recientemente– sobre los cuales aún se sigue una investigación criminal y juicio penal, los cuales también tendrían participación o responsabilidad en los mismos hechos que se imputan a mi representado".