Fue el pasado 13 de febrero cuando el Segundo Juzgado de Letras de Santiago acogió a trámite la demanda de tutela laboral presentada por la denunciante del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Por medio de dicha acción, interpuesta por los abogados Romina Urzúa y Rodrigo Azócar, la otrora asesora del exmilitante socialista -y quien el pasado 14 de octubre estampó la denuncia en su contra por presunta violación y abuso sexual- acusaba vulneración de sus derechos fundamentales por parte del Ejecutivo.

Advertía, como informaron los abogados, que “fue víctima de graves hechos de carácter sexual, con ocasión del trabajo, cometidos por el exsubsecretario Manuel Monsalve” y que su empleador, el Estado, incurrió en actos y omisiones que también habrían afectado su integridad.

Por lo mismo, pedía la adopción de medidas y mecanismos “para así evitar que situaciones como las que vivió puedan volver a repetirse, especialmente en el sector público”.

Luego de iniciar la tramitación de la demanda se abrió un periodo para alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo, que en medio del proceso es representando por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La idea de ambas partes, en ese momento, era encontrar una salida que les evitara llegar a juicio y así poner término anticipado a toda acción en el ámbito laboral.

Pero el humo blanco nunca llegó. De acuerdo con antecedentes que pudo conocer La Tercera, la semana pasada el CDE rechazó la última propuesta que hizo llegar la denunciante y que, entre otros aspectos, solicitaba que se le garantizara la renovación de su contrato para el periodo 2026, la posibilidad de seguir asistiendo a sus atenciones psicológicas y psiquiátricas, y una indemnización.

Al caerse el acuerdo, la demanda ante el Segundo Juzgado de Letras se reactivó y ya se fijó fecha para una primera audiencia para el próximo 24 de septiembre. Los abogados de la denunciante sostienen que la mujer, de 32 años, no solo se enfrenta a la negativa del CDE, sino que previamente se le han rechazado sus licencias médicas y no percibe sueldo desde hace un mes. Recalcan, además, que siempre se le mantuvo a honorarios, lo que pese a ser una práctica generalizada la consideran ilegal.

La posición de la demandante

Al abordar la situación, la abogada Romina Urzúa afirma que el escenario de su representada es grave y complejo.

“Ella está en una situación muy extrema en términos emocionales y de vida cotidiana, depende de su sueldo para vivir y hoy no se lo están pagando. Un organismo del Estado, la Compin, le está diciendo que no se justifica el reposo por la enfermedad psicológica ocasionada por la grave agresión que vivió, y el CDE, otro organismo del Estado, también le dice que no, que prefiere alargar la situación antes que llegar a un acuerdo que repare el daño cometido por Manuel Monsalve. Esta situación es grave (...) Está con un daño psicológico severo”, dice Urzúa.

La abogada asegura que las razones que habría tenido el CDE para rechazar las peticiones que hicieron apuntan a que la denunciante, por ser una funcionaria a honorarios, no sería sujeto de protección por parte de su empleador. Eso llevaría, según Urzúa, a que el ministerio no estuviera obligado a cumplir con el deber de seguridad o cuidado, no siendo responsable de responder por eventuales daños derivados.