Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro”, cumple dos condenas de 15 años cada una, por el crimen del senador UDI Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards. De acuerdo con los cálculos de su defensa, ya ha cumplido 10 de los 30 años que implican dichas sentencias, pero de acuerdo con antecedentes que han expuesto, no se le está contabilizando efectivamente el tiempo que se mantuvo privado de libertad en Brasil, desde donde fue extraditado en agosto de 2019.

Como detalla el exfrentista en una querella ingresada este martes ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, en su rol de ministro en visita para estas causas en 2019, no reconoció parte del acuerdo que se suscribió con Brasil para que se realizara la deportación y sólo le contabilizara 12 días de privación y no los tres años y seis meses que se habían dispuesto.

Aquello, como se detalla en la acción patrocinada por los abogados Yanira González y Mauricio Menares, porque el magistrado habría actuado motivado por la cercanía y amistad que dicen que tenía con el abogado Luis Hermosilla, quien, cuando se zanjó este asunto, era el abogado de la familia de Guzmán y también asesor del Ministerio del Interior, en ese entonces encabezado por el hoy exministro Andrés Chadwick.

Por lo mismo, la querella la dirigieron contra Carroza, Hermosilla y también en contra del ministro Guillermo de la Barra, por los eventuales delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

“Al ser extraditado a Chile y discutirse la modificación a mis condenas y el abono por la prisión preventiva con motivos de extradición, en agosto de 2019, Mario Carroza Espinosa era juez y Luis Hermosilla Osorio era interviniente por doble título (por la familia Guzmán y el Ministerio del Interior)”, se lee en el documento a modo de fijar el contexto en que de acuerdo con la defensa habrían tenido lugar las supuestas irregularidades.

La querella señala que la diferencia entre los días acordados y los que realmente se le contabilizaron respecto del cumplimiento de la pena “es brutal”.

La diferencia, a raíz de toda la información divulgada a propósito del caso Audio, la atribuyen directamente al nexo que había entre Carroza y Hermosilla, ya que chats revelados dan cuenta de la amistad que mantenían y de presuntos favores. A juicio de la defensa del Comandante Ramiro, es por eso que eventualmente Carroza habría buscado favorecer a Hermosilla y a quienes representaba.

La querella apunta a que Carroza sería uno de los supremos indagados en medio de la investigación por presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales, y que se inició a raíz de chats recopilados del celular de Hermosilla.

“El señor Carroza solo abonó 12 días, pese a que Brasil, previo compromiso de Chile, informó que se debían abonar aproximadamente 3 años y 6 meses. Lo anterior, en circunstancias de que el señor Carroza conocía los acuerdos adoptados entre Estados. De hecho, en su sentencia los traiciona maliciosamente. Esta resolución me perjudica gravemente, pues alarga mi privación de libertad en forma contraria a ley y satisface plenamente las infundadas pretensiones de los querellantes, en particular de la familia de Jaime Guzmán Errázuriz y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ambos con la presencia del abogado Luis Hermosilla Osorio”, se lee en la querella.

La acción penal añade que la determinación de Carroza “no respondió a un criterio jurídico objetivo, siendo manifiestamente contraria a la ley. Por el contrario, según parece, su base son presuntos compromisos extrajurídicos e intereses políticos, motivados por las posibles recompensas del abogado Hermosilla Osorio y su red de poder”.

A raíz de la amistad manifiesta que mantenían y que habría quedado revelada, como detallan, en los chats divulgados por la prensa, Carroza debería haberse inhabilitado para seguir conociendo de la causa que tenía en la mira a Hernández Norambuena.

Si bien luego la causa quedó en manos del ministro en visita De la Barra, los abogados del condenado aseguran que igualmente se le debe indagar a él, en razón de que cuando él decidió sobre una solicitud de prescripción, Hermosilla seguía como representante de la familia Guzmán.

“También se hace necesario indagar si los querellados u otras personas de sus círculos realizaron gestiones, acciones o comunicaciones dirigidas a influir en el resultado de las solicitudes de mi defensa, buscando que no se concediera una decisión favorable a mis intereses. Particularmente, cobra relevancia conocer si el señor De la Barra Dünner fue objeto de presiones respecto al contenido de su resolución", plantea la querella.