Durante la jornada de este martes es que continuó en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, la cual estuvo marcada por el debate respecto a la posibilidad de que las cámaras de vigilancia instaladas por los municipios puedan registrar tanto imágenes como audio.

Aunque en un inicio se esperaba avanzar en el proyecto con el fin de su pronto despacho, la discusión se centró en una serie de indicaciones al artículo 25, el cual prohibía expresamente la grabación de sonido.

Según señaló el senador Kenneth Pugh, uno de los defensores de poder registrar sonido, ”Si las cámaras tienen capacidad para escuchar y las cámaras están georreferenciadas, se puede incluso identificar por tiempo el lugar desde donde sale el disparo. Entonces yo no negaría el tener capacidad de registro de audio, el tema es para qué. Lo segundo, la televigilancia muda, no da contexto, uno no sabe lo que está pasando".

“Uno podría pensar que la gente está peleando y en realidad están discutiendo por, no sé, un tema de alguna cosa particular. Esto no es meternos en la vida privada de las personas, lo que estoy diciendo es contexto situacional. Y lo tercero, no olvidarse que las cámaras son bidireccionales y esto permite que una persona pueda dar alerta a una cámara a hablarle, y esa cámara actúa como la interfaz, es como teléfono, para efecto situacional, entonces el negar a tener audio impide estos tres elementos que he señalado”, añadió.

Cabe recordar que el proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, ha estado en el centro de la discusión de seguridad pública, con diferentes alcaldes pidiendo su pronta tramitación.

En la vereda contraria, la senadora Paulina Vodanovic, cuestionó el registro del audio apuntando que “creo que estamos buscando cambiar el estándar general a través de una norma que tiene un sentido bien claro, y que yo quisiera que pudiéramos avanzar y ojalá aprobar prontamente, porque esta ley está siendo esperada por los municipios, está siendo esperada por la ciudadanía, pero no para que vengamos a cambiar el estándar procesal, las normas del procedimiento procesal penal, el estándar de prueba, ni alterar ni vulnerar garantías constitucionales”“.

“A mí me parece que la grabación de conversaciones vulnera las garantías constitucionales en cualquier lugar y espacio, y que esa prueba en un juicio va a ser declarada prueba ilícita, porque no corresponde al estándar de garantía constitucional”, agregó, enfatizando que “y no estoy protegiendo a los delincuentes, Presidente, para que después no salga el titular o salgan, digamos, tergiversaciones lo que yo estoy diciendo. El delincuente es delincuente aquí, en la calle y en todos lados, y ¿Tenemos que aplicar toda la fuerza de la ley? Sí. ¿Con todo el peso de la Constitución? También, pero ¿Quiénes tienen que aplicarlo? Las instituciones que correspondan, no los municipios"

En tanto desde el ejecutivo, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, también se mostraron reticentes al registro de audios expresando que “nuestra preocupación está en eso, en las conversaciones personales que pudiesen ser captadas en esto y que después pudieron ser mal utilizadas en espacios públicos y que incluso para un funcionario municipal pudiese ser objeto de alguna intervención, digamos, para solicitar esa imagen o que tuviera acceso a imágenes y que pudiera ser mal utilizada”.

La comisión finalmente decidió votar la indicación resolviendo suprimir el inciso que limitaba el registro de audio por 3 votos contra 2. Tras esto, y al continuar la discusión, finalmente, desde la comisión se acordó acordó solicitar informes de la Biblioteca del Congreso Nacional y un análisis jurídico sobre legislación comparada, con el fin de evaluar si corresponde o no la medida.