La Cámara de Diputados visó las las modificaciones efectuadas por el Senado y aprobó en tercer trámite el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

La nueva institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita para quienes más lo necesitan, destacaron desde el Ministerio de Justicia, tras la aprobación.

En trámite de la iniciativa el Senado efectuó variadas enmiendas al texto despachado por la Cámara Baja en su primer trámite, en marzo de 2024, pero que no alteraron el fondo de la propuesta.

En general, las modificaciones vinieron a complementar la redacción en algunos aspectos puntuales y se incorporaron normas para fortalecer la institucionalidad que se crea. Así, por ejemplo, se agregó un apartado sobre los derechos de las víctimas de delitos, se reguló el tema de los reclamos de los usuarios en contra del servicio y se adicionaron sanciones.

Las modificaciones del Senado se aprobaron en forma unánime, en dos votaciones.

En la jornada estuvieron presentes Margarita González y Víctor Martínez, padres de Alejandro Martínez —joven víctima de un delito violento—, que impulsaron la iniciativa y acompañaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, en el punto de prensa tras la votación.

Gajardo destacó que la aprobación constituye un “paso muy significativo para la protección de las víctimas”.

“El nuevo servicio va a permitir que víctimas de los delitos se sientan acompañadas por el Estado en esos momentos que son claves, porque son momentos muy dolorosos y no queremos que ninguna madre, ningún padre, vuelva a pasar los problemas y sobre todas las dificultades que tienen enfrentar en la Justicia sin el acompañamiento necesario por parte del Estado”, resaltó la autoridad.

Transformación de las CAJ

Con la iniciativa convertida en ley se transformarán las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial en un servicio público de carácter nacional y descentralizado, que además incorporará la Defensoría de Víctimas de Delitos, unificando y estandarizando la atención a la ciudadanía en esta materia.

El proyecto establece la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo servicio, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley, con inicio en la zona norte (Arica a Valparaíso).

Esto permitirá brindar asesoría y representación jurídica, orientación legal y acompañamiento psicosocial a quienes han sido víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia, fortaleciendo el acceso a la justicia y propendiendo a la reparación de las víctimas.

El texto aprobado define las funciones y atribuciones específicas de la entidad. Junto a ello, se norma cómo este servicio se organizará administrativamente, su personal, la dirección nacional y regional y su patrimonio.

Entre los mejoramientos a destacar de la nueva institucionalidad está el fortalecimiento de la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de derechos humanos y discriminación); la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación, y refuerzo de la atención integral a víctimas de delitos, en particular ilícitos violentos, lo que constituirá un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Iniciativa de Piñera

La bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN) celebró la aprobación y despacho a ley de un proyecto que fue presentado originalmente en enero de 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El proyecto fue retomado por la actual administración luego de que diputados de la tienda opositora impulsaran una campaña en favor de víctimas de la delincuencia.

El diputado RN y presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, sostuvo que “con esta nueva institucionalidad el Estado comienza a saldar una deuda pendiente y da una señal concreta de justicia y humanidad, poniendo a las víctimas en el centro de la política pública”.

“Por demasiado tiempo las víctimas se han sentido solas frente a un sistema que muchas veces privilegia al victimario por sobre su dolor”, afirmó.

Por su parte, el diputado Andrés Longton destacó que con esta aprobación “se va a terminar con esa aberración de que solo los delincuentes tengan abogados patrocinados por todos los chilenos y las víctimas estén abandonadas”.