Consejo general del Colegio de Abogados acuerda restablecer colegiatura obligatoria para ejercer la profesión

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El presidente del Colegio de Abogados, Hector Humeres.

Presidente del ente gremial, Héctor Humeres, indicó que entregarán proyecto de tres puntos a los constituyentes para buscar que la iniciativa sea parte de la nueva Constitución.


El consejo general del Colegio de Abogados de Chile acordó durante esta jornada, por 17 votos contra uno, restablecer la colegiatura obligatoria para el ejercicio de la profesión de abogado, con el fin de recomendar esta idea a los convencionales constituyentes en busca de que quede plasmada en la nueva Carta Magna.

La idea de reponer la colegiatura obligatoria- eliminada por la Constitución de 1980- fue presentada durante el año pasado por la listas de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y la asociación de abogados Libertades Públicas, a la que se sumaron luego los consejeros oficialistas y respaldada por el presidente del ente gremial, Héctor Humeres.

Este último señaló a La Tercera que “estimé que era importante el consejo se abocara a ciertas materias que eran propias de la nueva Constitución”, por lo que una comisión elaboró un informe, el cual fue votado durante esta jornada, en el cual se alcanzó un acuerdo de tres puntos que aún debe ser redactado, donde se menciona la obligatoriedad de la colegiatura, “como se produce en la mayoría del mundo”.

Humeres afirmó que, en lo medular, el acuerdo consiste en que en la nueva Constitución “debe establecerse la colegiatura como obligatoria para ejercer el rol de abogado (...) Nosotros estamos pensando fundamentalmente esto por el control ético que tiene que tener la profesión, y estimamos que la única forma de ejercerlo bien es a través de los abogados, por los pares”.

Agregó que “fuera del colegio es muy difícil que este control pueda ejercerse de forma adecuada, sobre todo en resguardo de la ciudadanía”.

El segundo punto es que “la ley podrá establecer la afiliación obligatoria para ciertas profesiones, en general, no solamente la nuestra”.

Y finalmente, el acuerdo señala que “a nivel constitucional, se debe asegurar el libre acceso a la defensa jurídica y que se debe establecer que ninguna autoridad ni individuo pueda impedir o restringir o perturbar la intervención libre e independiente del abogado, en resguardo a la defensa jurídica”.

Humeres concluyó señalando que “oportunamente daremos a conocer el acuerdo a los constituyentes”, para ser sometido a su deliberación.

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