Para el lunes 20 de julio quedó pendiente reanudar el desalojo de la megatoma de San Antonio. Una de las últimas fases no estará exenta de dificultades, pues ahora el proceso -a cargo de la Delegación Presidencial de Valparaíso- se encargará de remover las viviendas de ladrillo, lo que implica mayores complejidades y también más resistencia por parte de quienes se tomaron el terreno.

No ha sido fácil la tarea para desalojar uno de los mayores asentamientos ilegales del país, que además tiene un carácter simbólico luego de que el gobierno del expresidente Gabriel Boric decidiera expropiar parte del terreno que pertenece a una inmobiliaria para entregárselo a quienes exigen una solución habitacional. Esto tras un fallido proceso de negociación con los dueños del terreno, con quienes nunca hubo acuerdo en el precio.

La administración anterior quería usar una figura de cooperativas (agrupaciones de pobladores organizadas para adquirir los terrenos) y a partir de ahí ejemplificar que una salida consensuada era posible. Pero nada de eso se logró.

En total son 40 hectáreas las que se deben desalojar y en la Delegación Presidencial hacen un balance positivo, pues se han logrado desalojar 10,6 de ellas y quedan 20 días para el plazo que se autoimpusieron. La tercera fase involucra desalojar un polígono con 490 viviendas, para lo que se ha dispuesto maquinaria especializada.

En total ya se han desocupado 340 sitios, con un total de 276 viviendas -o “techos”, como se les llama en jerga técnica-, lo que ha involucrado el desalojo hasta ahora de dos polígonos, en dos etapas. Las 40 hectáreas de la toma comprenden 1.225 sitios y 853 techos.

El último desalojo que se hizo fue en el lote 1A-2, de 400.952 metros cuadrados, en el sector llamado Cerro Centinela. A las autoridades regionales les correspondió desalojar al temido comité de vivienda “Fuerza Guerrera”, lo que involucró un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de un trabajo de inteligencia en el que se detectó que en ese comité existía el posible delito de narcotráfico.

“Fuerza Guerrera” comprende ocho hectáreas e involucró mayor atención de las autoridades. Quienes conocen del trabajo de la Delegación Presidencial dicen que la zona ya está mayormente desalojada, pero todavía queda un sector de “Fuerza Guerrera”, el cual se desalojará completamente a partir del lunes 20. Ahí intervendrán 150 efectivos policiales en terreno para sacar los 110 techos que todavía quedan. En total, “Fuerza Guerrera” comprendía 342 viviendas.

El propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, dijo que había “cuatro o cinco grupos narco dentro”, y que la primera etapa del desalojo había terminado con “heridos a bala por los delincuentes que tenían controlados varios sectores de la toma”.

Dado lo anterior, el operativo ha involucrado el uso de drones y helicópteros para tantear el terreno y prevenir cualquier foco de violencia, así como también identificar menores de edad y mascotas que pudieran verse dañados por los desalojos. Esto, dado que -como es habitual en procesos de estas características- la gente que vive en el sector tiende a presentar resistencia y ataca a los encargados del desalojo. De hecho, se han producido algunos incendios al interior que han complicado la operación.

Otros vehículos que se han usado son las tanquetas blindadas, como las que están presentes en La Araucanía y que sirven para movilizar a los efectivos.

El delegado presidencial, Manuel Millones, sostiene que “por cierto que todas las medidas de seguridad se justifican, por lo ocurrido a comienzos de año con la balacera desde un sector de la toma a Carabineros y que dejó dos efectivos heridos de bala. En razón de lo mismo, hemos adoptado varias medidas preventivas y de análisis de inteligencia para una buena toma de decisiones”.

La Delegación Presidencial es asistida por Carabineros y además cuenta con el apoyo de otras entidades que resguardan el debido proceso, como la Defensoría de la Niñez, en el caso de los menores que estaban en la toma, así como también el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

Un factor que ha retrasado en algo el proceso es la cuenta pública del Congreso que se realizará este miércoles 15 de julio, dado que se anticipa que Carabineros priorizará resguardar ese evento antes que la toma.

De todos modos, Millones señala que “el desalojo de las 40 hectáreas ordenado por la Corte de Apelaciones se ha llevado a efecto sin mayor contratiempo, y esto es gracias al trabajo previo que realizamos y en donde se tuvo una avanzada social y la disposición de albergues, y también una coordinación con la municipalidad y todos los servicios públicos con competencia. No obstante, hay que señalar que el apoyo más valioso ha sido el de Carabineros”.

Durante el desalojo hubo incidentes con los habitantes que aún están viviendo en la toma. Por ejemplo, el pasado 30 de junio, cuando partió la segunda etapa, hubo dos detenidos por hechos de violencia. Algunos de los involucrados tienen antecedentes policiales.

Mientras se hace el desalojo, las autoridades de Desarrollo Social dispusieron albergues para acoger a las personas, mientras que desde el Minvu ofrecen asistencia.