El Tribunal Constitucional (TC) tendrá el cambio de su presidencia este lunes. Tras dos años, la ministra Daniela Marzi dejará el cargo y se lo entregará a la ministra María Pía Silva.

En una ceremonia que partirá a las 10 de la mañana, el TC dará inicio a lo que será el mandato de la futura presidenta Silva, quien llega a la cumbre del organismo al final de su trayectoria como ministra.

De hecho, Silva es la primera antigüedad del TC. Llegó a la magistratura en 2018, en uno de los cupos que son designados por la Corte Suprema. Su periodo terminará siendo presidenta y el año que quedará pendiente será asumido por la ministra Catalina Lagos.

La llegada de Silva a la presidencia implicará un cierto ajuste en la correlación de fuerzas al interior del TC. Si bien la magistratura actual se ha caracterizado por su buen ambiente interno, por dejar de hacer noticia por polémicas y por registrar, en varias causas, votos cruzados entre los ministros de distintas sensibilidades políticas, el hecho de que haya un cambio en su cabeza incidirá en quién tendrá la responsabilidad de dirimir en caso de empates.

La composición actual del TC muestra dos grupos de ministros con posturas bien definidas. Por un lado están las ministras cercanas a la izquierda, donde están Marzi, Lagos y Nancy Yáñez. Por otro están los ministros cercanos a las ideas de derecha, como son Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery y Marcela Peredo.

Al medio quedan cuatro ministros que incorporan una cuota de incertidumbre al TC. Aquí están las ministras Silva y Alejandra Precht, ambas cercanas al mundo de la DC. A ellas se suman los ministros judiciales, que corresponden a jueces de carrera que dejaron la Corte de Apelaciones de Valparaíso para integrar el TC. Ese es el caso de Raúl Mera y Mario Gómez.

Es este grupo de cuatro ministros el que finalmente resulta clave a la hora de decidir los temas más complejos, como son los requerimientos para analizar la constitucionalidad de proyectos de ley.

Así pasó hace poco con la iniciativa de Escuelas Protegidas en que, con varios votos cruzados, se terminó por declarar inconstitucional cuatro preceptos del proyecto del Ejecutivo que pretendía instalar la revisión de mochilas en colegios. En tres de ellos la decisión del TC se tomó gracias al voto dirimente de la ministra Marzi.

Quienes conocen a la ministra Silva comentan que su gran ventaja es que tiene un amplia trayectoria académica vinculada al derecho constitucional -al alero de la Universidad Católica-, que la blinda para tener libertad al momento de decidir asuntos más complejos.

En esa trayectoria académica resalta, sobre todo, la relación que tuvo con el jurista y destacado constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán. “Mi maestro por 27 años, el profesor don Alejandro Silva Bascuñán no solo fue determinante en mi formación intelectual, sino que un modelo de vida que me inspira día a día para seguir trabajando sin mirar el surco, como él decía. Resulta que el estudio constante, la dedicación, el interés por aprender y la vocación de servicio conducen a que, a la larga, se abran oportunidades para desempeñar la vocación por el derecho en tareas de servicio público que dan grandes satisfacciones”, dijo Silva luego de ser electa presidenta del TC, en su alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

La ministra, quien se transformó en la albacea del jurista, tiene varias publicaciones, libros y tratados, algunos de los que hizo junto a Silva Bascuñán. Por eso, los que la conocen aseguran que la mejor manera de entender a la nueva presidenta del TC es entendiendo la obra de Silva Bascuñán.

De ahí la cercanía que tiene la ministra Silva con las ideas socialcristianas y humanistas, lo que la llevó a militar en la DC durante varios años. Cuando fue designada ministra del TC, renunció a su militancia en el partido.

Por eso no es una sorpresa la especial relevancia que le da a los asuntos vinculados a los derechos sociales. Algo que se apreció, por ejemplo, al ser una de las siete ministras que estuvo a favor de declarar inconstitucional la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria en el proyecto de Escuelas Protegidas.