La directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional, Alejandra Mera, tiene un juicio claro. Cualquier cambio que se haga en la ley que regula cómo juzgar a los adolescentes que cometen delitos tiene que ser con estudios en mano. Al respecto, advierte que es común que cuando hay casos de alta connotación pública se pida fortalecer medidas.

Los últimos hechos delictivos donde han participado menores de edad que han generado conmoción nacional no han sido pocos. La encerrona cometida por una banda integrada por adolescentes en San Bernardo, donde terminó muerto el niño Alejandro Águila (12), fue la gota que rebasó el vaso. El gobierno anunció indicaciones para endurecer las penas para los jóvenes, en el marco de una moción parlamentaria presentada por RN que está en segundo trámite.

Las indicaciones del Ejecutivo apuntan, entre otras cosas, a crear un mecanismo de transferencia para que los adolescentes de 16 o 17 años, imputados por delitos graves, puedan ser juzgados como adultos. Por otro lado, también se pretende aumentar el tiempo que pasan en sistemas cerrados, de 5 a 10 años.

Mera, quien hace unas semanas estuvo en Irlanda del Norte, justamente estudiando su sistema para estos casos, puntualiza que los delitos en que participan menores de edad no van al alza.

¿Cómo ha sido la tendencia en los últimos años respecto de los adolescentes que cometen delitos?

-Desde que existe la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es desde el año 2007, los números fueron con una tendencia fuerte a la baja hasta el año 2019, en que se estabilizó. En la pandemia bajaron de 38 mil ingresos de adolescentes a 20 mil y luego, en 2022, comenzó a retomar los niveles iniciales a la pandemia.

Del total de delitos que ingresan, ¿cuál es el porcentaje de ilícitos donde participan menores de edad?

-La participación de los menores de edad con respecto al total de ingresos se mantiene más o menos estable. El 5% de los delitos que ingresan son de adolescentes.

¿Cuál es el perfil de este menor de edad que participa, por ejemplo, en bandas delictuales?

-El perfil tiene que ver con ciertos factores de vulnerabilidad social. Muchos presentan deserción escolar, consumo problemático de drogas y afiliación a diversos grupos antisociales que están más susceptibles de ser utilizados, reclutados, o que les ofrecen una remuneración o un pago muy atractivo por cometer ciertos delitos. También les ofrecen el acceso a armas de fuego. Eso lo hemos identificado como un gran problema, porque evidentemente el uso de armas de fuego genera comportamientos mucho más violentos y posiblemente letales.

¿Chile tiene una legislación más laxa que otros países de la región, Europa o Estados Unidos?

-Chile tiene una legislación que se ha modificado recientemente con la Ley 21.527, del año 2023, que se ajusta a un sistema de justicia penal especializado en cumplimiento de ciertos estándares internacionales, y que tiene alguna reglamentación que sería necesario revisar en orden a hacerla más efectiva. Pero, comparado con otros países, hay algunos que tienen sistemas mucho menos especializados, o países que permiten incluso la pena de presidio perpetuo para adolescentes; como El Salvador, que aprobó una ley recientemente. O países que no han suscrito la Convención sobre los Derechos de los Niños, como Estados Unidos, que tienen mucha legislación de traspaso al sistema adulto. Hay países como Inglaterra y otros países europeos que tienen edades de responsabilidad criminal muy bajas; por ejemplo, en Inglaterra es de 10 años y en Chile es de 14 años. Pero hay otros países que tienen sistemas mucho menos punitivos que el chileno. Por ejemplo, en Irlanda del Norte o en Nueva Zelanda, que tienen procesos mayormente restaurativos.

¿Y a usted le parece que bajar la edad de responsabilidad podría tener algún beneficio para reducir el número de delitos?

-Bajar la edad de responsabilidad penal es complejo porque, en términos de factores de riesgo, abordar solamente desde el punto de vista punitivo a menores de edad en procesos de desarrollo todavía muy iniciales puede provocar efectos nocivos en términos de posibilidades de reinserción y aportar elementos criminógenos. La edad de 14 años es la que recomienda el Comité de Derechos del Niño. Es la edad promedio en América Latina, y la verdad es que no hemos detectado un problema grave de criminalidad violenta en niños menores de 14 años.

¿Cómo evalúa la propuesta de un sistema de transferencia para que jóvenes de 16 y 17 años pasen al sistema adulto?

-Lo más adecuado es enfocarse en el problema que el sistema ha detectado en relación a la criminalidad violenta de adolescentes, en lugar de enfocarse en este grupo de adolescentes que reitera la conducta delictiva independientemente de estar sancionado o no. El sistema actualmente tiene herramientas para hacerse cargo de la investigación de estos delitos, pero no tiene las herramientas suficientes para tener respuestas proporcionadas para ese grupo que, reitero, explica la gran cantidad de delitos que se cometen de un grupo reducido. Por lo tanto, creemos que fortalecer dentro del sistema de justicia penal especializada una respuesta efectiva para ese grupo va a tener un impacto más relevante que alguna ley de traspaso al sistema de adultos.