La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que se encuentran revisando el uso de los beneficios sociales y el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, para evitar su entrega irregular.

La contralora Dorothy Pérez fue quien anunció el comienzo de esta fiscalización mientras estaba exponiendo en el conversatorio Probidad y Eficiencia del Estado, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes).

“El año pasado anunciamos que durante 2026 las prioridades de la Contraloría iban a estar en tres áreas: infancia, migraciones y entrega irregular de beneficios sociales a personas que no cumplen los requisitos que la ley dicta, o sea, el abuso”, indicó Pérez durante su intervención.

“Es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Entonces, uno lo que tiene que hacer es optimizar y corregir los abusos que hay en otras áreas para que esos recursos sean destinados a los lugares donde se necesitan más”, añadió.

En ese contexto, la contralora confirmó que actualmente se están revisando múltiples beneficios sociales para verificar que quienes los reciben cumplan con las condiciones exigidas por la normativa.

“En simple: que cumplan los requisitos que la ciudadanía fijó, porque la ciudadanía manifiesta su voluntad a través de representantes en el Congreso que aprueban leyes y esas leyes dicen cuáles son los requisitos. Entonces, en realidad lo que estamos custodiando son los intereses de los ciudadanos”, sostuvo.

“Va a haber un margen de error, pero la regla es que vamos a encontrarnos con casos de, por ejemplo, subsidios de arriendo entregados a personas que tienen propiedad o personas que ya no viven en Chile”, advirtió.