A través de su herramienta denominada RADAR (Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo), la Contraloría General de la República detectó $796.440 millones en saldos contables en cuentas del sector público y municipal que permanecían inactivas desde 2020 a 2024 y que seguían sin movimientos a marzo de 2026.

Del total identificado, $641.954 millones corresponden al sector público y $154.486 millones al sector municipal.

La información fue recogida desde el Sistema de Contabilidad General de la Nación (Sicogen), que administra la Contraloría, por la División de Contabilidad y Finanzas Públicas del organismo fiscalizador.

La Contraloría expuso que el RADAR N° 3 muestra que, si bien la existencia de saldos sin movimiento no constituye por sí sola una irregularidad, su permanencia prolongada genera riesgos relevantes para la gestión de los recursos públicos.

Entre esos riesgos, puntualizan, figura la posibilidad de perder recursos que deben ser recuperados mediante acciones de cobranza y la existencia de fondos transferidos que no están siendo utilizados para los fines previstos.

Esto, sumado a la disponibilidad de información financiera desactualizada o poco confiable para la toma de decisiones.

El análisis muestra, además, que más del 90% de los recursos sin movimiento corresponden a cuentas por cobrar, es decir, a fondos cuya recuperación depende de acciones de cobranza y que, por tanto, no constituyen recursos disponibles de manera inmediata.

Según el organismo fiscalizador, esta situación incrementa el riesgo de incobrabilidad o incluso de prescripción de sus montos.

Los antecedentes detectados se comunicarán directamente a las entidades involucradas, a fin de que los revisen, efectúen las acciones de cobranza si corresponde, y adopten las medidas que permitan mejorar la calidad de su información financiera y el uso eficiente de los recursos públicos.

El RADAR de Contraloría debutó en abril de este año, con un análisis de compras públicas realizadas por algunas municipalidades, gobiernos regionales y la Subdere.

El segundo RADAR advirtió de riesgo de uso indebido de dineros del programa de protección de mascotas.