La Contraloría Regional de Tarapacá detectó graves falencias en los controles antidrogas y de seguridad del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, entre las que se cuenta que más de 12 kilos de droga permanecieran sin custodia policial durante varias horas tras un operativo en 2025.

La inspección del organismo evaluó los procedimientos de control de detección de sustancias ilícitas ejecutados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Aduanas en dicha terminal aérea.

En particular un operativo ocurrido el 11 de octubre de dicho año, cuando se descubrieron 12,5 kilos de pasta base de cocaína distribuidos en cinco maletas del vuelo LATAM LA907, las que, según el informe, permanecieron por varias horas en la zona de revisión sin resguardo policial.

A ello se suma que el Servicio Nacional de Aduanas no registró el hallazgo, lo que afectó la trazabilidad del procedimiento, y que la DGAC le pidió a la aerolínea convocar por altoparlantes a los pasajeros involucrados.

Esto provocó que los dueños del equipaje abandonaran el aeropuerto dejando las maletas sin supervisión, en un contexto en el que no hubo presencia de Carabineros durante aproximadamente siete horas, como dio a conocer Contraloría en un comunicado.

Déficit de control y fallas operativas

El informe del organismo fiscalizador también advirtió que Aduanas carece de personal suficiente en su Unidad de Drogas para mantener controles permanentes en el terminal del aeropuerto de Iquique.

Estos lo ejemplificó dando a conocer que en 2025 se efectuaron 82 inspecciones, equivalentes a apenas un 7% de las operaciones aéreas registradas solo en el primer trimestre, cuando se efectuaron un total de 1.204 vuelos.

Dentro de los hallazgos del organismo además se cuenta que el bodyscan de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en la zona de embarque, no se encuentra operativo, lo que incrementa el riesgo de ingreso de sustancias ilícitas u objetos peligrosos.

Asimismo, se detectaron debilidades en los sistemas de seguridad del aeropuerto, entre ellos que el circuito cerrado de televisión (CCTV), administrado por la DGAC, es utilizado con un usuario y contraseña compartidos, lo que impide identificar trazabilidad.

A esto se suma la ausencia de respaldo de grabaciones y de registros históricos, exponiendo a la pérdida de evidencia ante eventuales fallas o siniestros.

La Contraloría también advirtió que el equipo que opera el sistema de vigilancia tiene instalada la aplicación WhatsApp, lo que abre la posibilidad de filtración de registros audiovisuales.

De la misma forma, el ente fiscalizador hizo notar la falta de coordinación entre la DGAC, Aduanas, la PDI y Carabineros, lo que dificulta la ejecución de un trabajo conjunto para prevenir el tráfico de drogas por vía aérea.

En la misma línea, constató que no existe presencia permanente de personal policial en el aeropuerto, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo para pasajeros y trabajadores.

Medidas instruidas por Contraloría

Tras su fiscalización, Contraloría instruyó una serie de acciones en la terminal Diego Aracena, entre la cuales se cuenta el ordenar a Aduanas la implementación de un sistema de registro obligatorio de hallazgos de droga y aumentar la cobertura de fiscalización acorde al flujo de vuelos.

A la DGAC, por su parte, le exigió coordinarse con las aerolíneas para asegurar la comparecencia de pasajeros vinculados a equipajes sospechosos, además de implementar credenciales de acceso individuales al sistema de vigilancia.

Asimismo, el organismo deberá informar sobre las acciones de coordinación con las policías y Aduanas, y los protocolos establecidos para enfrentar actos de interferencia ilícita.

A Carabineros, en tanto, se le solicitó reforzar sus procedimientos para reducir los tiempos de respuesta ante detecciones de droga, mientras que la PDI deberá acreditar la mantención y puesta en funcionamiento del bodyscan, con la debida autorización sanitaria.

Finalmente, ambas policías deberán garantizar procedimientos que minimicen riesgos para la seguridad y el orden público dentro y fuera del recinto aeroportuario.