La Contraloría General de la República emitió duras conclusiones para dos instituciones involucradas en la reconstrucción de los megaincendios en la Región de Valparaíso que se produjeron el 2 de febrero de 2024. Tanto la Delegación Presidencial que en ese momento era dirigida por Sofía Gonzálz (PC), como el municipio de Viña del Mar de la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), recibieron recriminaciones por parte del ente comandado por Dorothy Pérez por su actuación tras la tragedia.

Dentro de todas las auditorías realizadas, destacan los hallazgos en la Delegación Presidencial de Valparaíso. Entre las situaciones advertidas se encontraron algunas que podrían ser constitutivas de delitos, por lo que junto con ordenar sumarios se derivaron los antecedentes a Fiscalía y el CDE para que estudien acciones penales.

Los fiscalizadores apunta a pagos por servicios no ejecutados, maquinaria cuya existencia no pudo ser acreditada, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superan el 500%. La revisión se concentró en nueve contratos por $ 8.966 millones, equivalentes al 34% del total ejecutado por la Delegación en el marco de la catástrofe.

Uno de los principales hallazgos dice relación con pagos no acreditados por más de $ 525 millones. En el caso de la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA, la Contraloría estableció pagos por $ 125 millones correspondientes a 49 turnos de camiones tolva cuya ejecución no pudo ser verificada. En tanto, respecto de San Nicolás SpA, se detectaron pagos por más de $ 399 millones asociados a turnos de maquinaria pesada respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida, lo que impidió acreditar la efectiva prestación de los servicios.

El informe detalla además pagos duplicados, registros de vehículos utilizados de manera simultánea en distintos turnos y casos en que los conductores figuraban operando más de una máquina al mismo tiempo. A ello se suma la utilización de vehículos cuyas patentes no estaban inscritas en el Registro Civil o cuyos certificados técnicos presentaban irregularidades.

La Contraloría también identificó sobreprecios en contrataciones. Comparando los valores pagados por la Delegación de Valparaíso con los costos de servicios equivalentes contratados por otras entidades públicas durante la misma emergencia, el informe detecta diferencias de hasta un 220% y un 378% en el arriendo de maquinaria pesada.

Sin embargo, el hallazgo más grave apunta a los tratos con la firma San Nicolás SpA: al contrastar lo que la empresa pagó a sus subcontratistas con lo que cobró al Estado, se establecieron diferencias de hasta un 557,89%, lo que implicaría sobreprecios por más de $ 4.200 millones.

El organismo dirigido por Dorothy Pérez, además, determinó que ambas empresas subcontrataron la totalidad de los servicios, pese a que la normativa solo permite subcontratación parcial y siempre con autorización expresa. A ello se suma que, al momento de las adjudicaciones, ninguna de las empresas contaba con maquinaria propia suficiente para hacerse de estos servicios, ni tampoco se acreditó su capacidad técnica u operativa para asumir contratos de esta envergadura.

El informe es especialmente crítico con los déficits de control interno de la Delegación Presidencial porteña. Se constataron retrasos de hasta 403 días en el pago de facturas, certificaciones técnicas emitidas con demoras de hasta 379 días y la omisión del trámite de toma de razón en seis contratos que superaban las 8.000 UTM, contraviniendo resoluciones vigentes.

El documento -de más de 120 páginas, confeccionado por la Contraloría de Valparaíso- concluye que las irregularidades detectadas son hechos consolidados, no susceptibles de corrección, y que por ende es vital poner en conocimiento de esto al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

El documento cierra señalando que, si bien la emergencia exigía rapidez en la respuesta del Estado, ello no exime del cumplimiento de la legalidad ni del deber de resguardar el correcto uso de los recursos públicos, subrayando que la magnitud de los montos observados y la reiteración de las irregularidades dan cuenta de fallas estructurales en los mecanismos de control.

Al respecto, la Delegación señaló que han mantenido “plena disposición para entregar toda la información que sea requerida, lo que se ha materializado oportunamente”, tanto ante la Contraloría como ante el Congreso, y que están “preparando las respuestas a los requerimientos” del ente fiscalizador.

“También ha iniciado una serie de sumarios, los cuales permanecen en curso y determinarán las eventuales responsabilidades y sanciones administrativas”, añadieron, sumando que a su vez han entregado todos los antecedentes al CDE.

En paralelo, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, dijo que se debe investigar y esclarecer los hechos, lo que está pasando, pero además agregó que las emergencias han sido utilizadas con fines políticos. “Todos los momentos de emergencia producen una convulsión, un shock en la ciudadanía muy importante. Todos los sectores políticos, independiente de su posición, debemos mantener una actitud muy responsable en esos momentos. Chile tiene una larga tradición de respuesta ante las catástrofes. Muchas veces vemos que, en el último tiempo, a veces, las emergencias están siendo utilizadas para diferentes tipos de análisis políticos o de golpear al adversario político, por diferentes cosas”, señaló.

Viña del Mar

Por otra parte, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades por una serie de deficiencias detectadas en la gestión de ayudas, donaciones y recursos públicos tras los incendios.

Así lo concluye el Informe Final de Observaciones N° 503, de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Valparaíso, el cual da cuenta de que si bien el municipio logró aclarar parte de las observaciones formuladas en el preinforme, persisten 17 observaciones que, a juicio del ente fiscalizador, revelan fallas en los controles internos, registros y procedimientos aplicados durante la emergencia.

En el documento se apunta que “se constató la falta de controles de integridad en las actas de entrega de bienes a los beneficiarios, verificándose la inexistencia de un sistema de foliación correlativa, errores en los registros y omisiones de datos esenciales, lo que afectó la trazabilidad y el control efectivo de las ayudas entregadas durante la emergencia”.

Entre otras observaciones que se mantienen figuran deficiencias en los registros y supervisión de las ayudas, entregas de beneficios a personas que no contaban con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), diferencias en los saldos de productos no entregados y la ausencia de inventarios de bienes recibidos por donaciones en centros de acopio. El informe también advierte que recursos recibidos por concepto de donaciones en dinero no fueron ingresados al presupuesto municipal.

Otro de los puntos en que el ente cuestiona la gestión del municipio tiene que ver con que “se detectaron diferencias entre los bienes adquiridos por el municipio y los efectivamente entregados, sin justificarse el paradero de los productos faltantes, debiendo la entidad edilicia concluir el proceso de revisión y consolidación de los registros, así como determinar la justificación de las diferencias detectadas, lo que será informado en un plazo de 60 días hábiles”.

Junto con esto, los investigadores establecieron que “la Municipalidad de Viña del Mar no elaboró manuales de procedimientos específicos para la entrega de beneficios en contexto de emergencia”, “errores en la consignación del RUT de los beneficiarios” y lo que sería aún más preocupante, que muchos de los RUT de las planillas son genéricos, “lo que impide verificar la trazabilidad de la entrega”.

Asimismo, la CGR detectó deficiencias en proyectos de servicios básicos ejecutados durante la emergencia, falta de entrega de kits de lavaplatos donados, órdenes de compra emitidas antes de los decretos que aprobaban las contrataciones, pagos extemporáneos de facturas, errores e inconsistencias en rendiciones de fondos, problemas en procesos de conciliación bancaria y falencias en contratos de arriendo de vehículos utilizados en el contexto de la catástrofe.

Otro de los hallazgos, según se detalla, es que los fiscalizadores constataron que “los recursos depositados en la cuenta corriente de donaciones se mantuvieron empozados por un año, por lo que el municipio deberá aportar en detalle de la totalidad de los bienes adquiridos cubiertos con dichos recursos, lo que será informado en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe”.

A raíz de los hallazgos que se mantienen, la Contraloría instruyó que la municipalidad inicie un sumario administrativo en un plazo no superior a 15 días hábiles, además de adoptar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la administración de recursos públicos durante situaciones de emergencia.

A las pocas horas de conocido el informe, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), defendió la gestión de su administración y remarcó que “es indispensable contextualizar con mucha honestidad y responsabilidad la magnitud de lo que ocurrió en Viña del Mar: aquí hubo más de 5 mil viviendas afectadas, más de 6 mil familias damnificadas por el incendio, se quemó cerca del 30% total de la comuna. Esas proporciones son históricas no solamente para Viña del Mar, sino para el país".

En su contestación, la alcaldesa apuntó que en las primeras semanas tras los incendios, “la gente no tenía nada, ni sus casas, ni sus documentos, ni su carné de identidad, no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carné de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”.

La autoridad comunal reprochó que “exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral con una trazabilidad absoluta para una emergencia de estas características es insostenible y nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, una carpa para dormir aun cuando todavía no tenían sus carnés de identidad porque éstos estaban quemados”.

Finalmente, resaltó que “la institucionalidad en torno a incendios tiene que seguir cambiando; tiene que existir una forma de responder a esto con mucha probidad, con mucha trazabilidad, pero no perdiendo de vista que cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos, es que el mundo privado llega primero y así la credibilidad del Estado se pierde y lo vemos nuevamente, del mismo modo, en la actualidad en los incendios del sur de Chile”.