La Contraloría Regional del Maule ordenó a la Municipalidad de Longaví que restituya más de $730 millones, luego de detectar deficiencias en los controles financieros y pagos improcedentes al interior de la entidad edilicia entre mayo de 2022 y diciembre de 2024.

En el informe, se detalla un pago de $732.914.879 por parte del municipio para servicios de asesorías financieras que, según la Contraloría General de la República (CGR), no contaban con los respaldos necesarios que validaran la prestación de servicios.

Adicionalmente, se comprobó que el precio correspondía a los beneficios vinculados a un proceso de licitación anterior y no a los servicios contratados. Además, según el ente contralor, las labores no estaban relacionadas a la función municipal, sino que a labores propias de la Dirección de Administración y Finanzas.

La investigación identificó un total de 33 pagos realizados entre 2022 y 2024, lo que motivó a la entidad fiscalizadora a ordenar un reparo por el total registrado, con el objetivo de recuperar los recursos utilizados de manera improcedente y continuar con el procedimiento ya iniciado mediante un decreto ordenado en 2025.

En paralelo, se detectó que la municipalidad recibió al menos $847 millones en intereses generados por saldos pertenecientes a fondos de terceros en las cuentas corrientes de la institución, sin la autorización de quienes emitieron los aportes y sin que esos recursos se reintegraran.

Por ello, la CGR instruyó implementar controles de compra a contratos vigentes, garantizar certificaciones de funcionarios designados y cumplir los plazos de pago, sumado a la revisión de sus cuentas y a regularizar los recursos observados.