La Contraloría Regional del Biobío instruyó a la Dirección Regional Aduana de Talcahuano abrir un sumario administrativo luego de constatar irregularidades y falencias en el control del ingreso de mercancías en el Puerto Coronel, uno de los terminales portuarios con mayor movimiento del sur del país.

La decisión se funda en el Informe Final N°134 de 2025 de la Contraloría General de la República, documento que advierte brechas de fiscalización, uso deficiente de herramientas tecnológicas y problemas de gestión interna que, en conjunto, elevan los riesgos de contrabando y de ingreso de mercancías ilícitas.

Un flujo creciente sin respaldo en personal

La auditoría constató que entre 2019 y 2023 hubo un incremento sostenido de las operaciones de ingreso de mercancías a través de la Aduana de Talcahuano.

Sin embargo, ese aumento no fue acompañado por una expansión equivalente de la dotación dedicada a fiscalizar.

El resultado fue una caída significativa de los controles efectivos, puesto que en 2023 las revisiones mediante aforo físico o documental alcanzaron apenas 3,5% del total de Declaraciones de Ingreso (DIN) tramitadas en la zona primaria del Puerto Coronel.

Para la Contraloría, esta desproporción entre volumen y capacidad de control compromete la eficacia del resguardo aduanero y expone al sistema a vulnerabilidades estructurales.

Tecnología subutilizada y cobertura mermada

Otro hallazgo relevante apunta al uso limitado del camión escáner asignado a la Dirección Regional.

Durante 2023 y 2024, la maquinaria estuvo fuera de la zona por periodos prolongados. En 2023 fue trasladada a Los Andes y San Antonio por 220 días, reduciendo la capacidad de inspección con tecnología no intrusiva en Coronel.

A ello se sumó la escasez de funcionarios habilitados para su operación, lo que impidió consolidar controles sistemáticos con esta herramienta clave.

En este contexto, la combinación de ausencia física del equipo y falta de personal entrenado -según observa el informe- habría debilitado puntos de control estratégicos en una ruta de alto tráfico comercial.

Un error que encendió las alarmas

Entre los episodios más sensibles, la auditoría detectó que el 10 de mayo de 2023 se aceptó una DIN (o declaración de ingreso) usando el código del agente de aduanas G-09, correspondiente a una persona fallecida el 27 de abril del mismo año.

El hecho expone deficiencias en los sistemas de validación de identidades y en los controles de continuidad operacional, con implicancias de seguridad y trazabilidad.

La fiscalización también reveló la existencia de mercancías almacenadas por largos periodos en el depósito aduanero del Puerto Coronel, catalogadas para subasta, destrucción, donación o donación-reciclaje-destrucción, con orígenes que se remontan a 2010, 2014, 2019, 2021 y 2022.

La acumulación prolongada sugiere cuellos de botella en los procesos de salida y disposición final, con consecuencias logísticas y de control.

A esto se suma la carencia de una herramienta informática que permita a Aduanas verificar en línea los vistos buenos y certificaciones de otros organismos públicos que autorizan el ingreso de productos.

La falta de integración de sistemas obliga a validaciones manuales o parciales, elevando el margen de error y los tiempos de tramitación.

Sumario en 15 días

Como acciones derivadas, la Contraloría del Biobío otorgó 15 días hábiles para iniciar un sumario que determine responsabilidades administrativas.

Además, en 60 días hábiles, la Dirección Regional deberá presentar antecedentes que acrediten el incremento de dotación comprometido y demostrar la adopción de medidas de control y supervisión para asegurar una gestión idónea de la tecnología disponible.

El mandato incluye fortalecer la seguridad y eficiencia en operaciones portuarias y fronteras terrestres bajo su cobertura -que comprende Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía- con foco en la detección oportuna de mercancías y sustancias ilícitas.