Un nuevo capítulo se abrió en la controversia entre el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones (PDI). La Contraloría General de la República dio un plazo de diez días a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, para que entreguen antecedentes sobre el oficio reservado que la autoridad envió a la institución policial en marzo, justo antes del llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.

La decisión del ente fiscalizador se da en medio de cuestionamientos políticos y administrativos respecto de si la ministra se extralimitó en sus atribuciones al solicitar información vinculada a una investigación penal en curso. De hecho, la actuación del órgano fiscalizador se da en medio de una petición de pronunciamiento que hizo el diputado PS Raúl Leiva, quien es integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara.

El oficio de la discordia

El documento, que fue revelado por Radio Biobío, fue enviado el 13 de marzo, a menos de 48 horas de que Steinert asumiera el cargo, y estaba dirigido al director general de la PDI. En él, la ministra solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios policiales vinculados a diligencias en la Región de Tarapacá, en el marco de la investigación del denominado “Clan Chen”.

El oficio —calificado como reservado— pedía información sobre destinaciones, fundamentos de traslados y eventuales antecedentes administrativos de los detectives involucrados. Esta solicitud encendió alertas tanto al interior de la PDI como en el mundo político, al tratarse de una materia ligada a causas penales en desarrollo y que además decían relación con su antigua labor en el Ministerio Público.

Días después, la entonces subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, respondió el requerimiento y, tras una reunión entre Steinert y Cerna el viernes 20 de marzo, fue llamada a retiro. La secuencia de hechos —oficio, respuesta y salida de la oficial— instaló dudas sobre una eventual relación entre todas esas decisiones.

La situación derivó en una fractura entre la cartera de Seguridad y la PDI, con repercusiones en el Congreso y solicitudes formales para que la Contraloría revisara el actuar de la ministra.

Ahora, con el requerimiento de antecedentes, el organismo contralor busca establecer si el oficio se ajustó a derecho o si implicó una intervención indebida en funciones que corresponden al Ministerio Público y a las policías en el marco de investigaciones penales.

El pronunciamiento de la Contraloría podría tener efectos administrativos y políticos relevantes, en un caso que ya tensionó la relación entre el gobierno y la PDI, y que marcó uno de los primeros flancos de la gestión de Steinert al frente de Seguridad.

Todo además se da a cinco días de que Cerna deba asistir al Congreso, con -además- el peso en la espalda de que el propio Presidente José Antonio Kast blindó a Steiner (en una entrevista radial con Archi) y aseguró que la salida de Peña fue a petición de la máxima autoridad de la PDI.