Este jueves 11 de septiembre, la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto Promulgatorio de la Ley 21.761, que modifica diversos cuerpos legales en relación con los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones.

Dicho texto legal, publicado por el Ministerio de Seguridad Pública, tiene como objetivo actualizar el marco normativo frente a la creciente incidencia de delitos que afectan redes de servicios de telecomunicaciones públicos y domiciliarios.

Entre las principales características de la ley figuran modificaciones al Código Penal que apuntan al endurecimiento de penas.

La norma indica que si los delitos afectan a una cantidad significativa de usuarios dentro de un poblado, la condena será de presidio mayor en su grado mínimo.

La nueva ley también sanciona con mayor rigor a quienes, simulando ser trabajadores de empresas proveedoras de servicios o utilizando información obtenida como empleados, cometan delitos de robo o hurto en redes de servicios públicos o domiciliarios.

Asimismo, incluye cambios a diversos artículos del Código Penal, reemplazando el término “telefonía” por “telecomunicaciones”, abarcando una gama más amplia de servicios.

Adicionalmente, la nueva disposición considera modificaciones a la Ordenanza de Aduanas, agregando sanciones para el uso malicioso de certificaciones o análisis falsos.

También, se introduce un artículo que responsabiliza penalmente a los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, faciliten la comisión de los delitos ya tipificados.