Corte de Apelaciones de Rancagua pide al Ministerio Público justificar allanamientos en Obispado de Valparaíso
El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y el persecutor que estuvo presente en la diligencia, Sergio Pérez, tienen un plazo de ocho días para informar al tribunal de alzada.
La Corte de Apelaciones de Rancagua mantiene pendiente la revisión del recurso de protección interpuesto por el vicario judicial del Obispado de Valparaíso, Luis Meneses Iturrizaga, tras el allanamiento realizado por el Ministerio Público el pasado 13 de septiembre, en el que la iglesia –según el escrito presentado ante el tribunal- asegura que la fiscalía ingresó a sus dependencias sin el aviso previo de 48 horas y sin respetar el secreto de la diligencia, argumentando que la prensa esperaba en las afuera del edificio de calle Chacabuco la llegada del Ministerio Público y el OS-9 de Carabineros.
El tribunal no ha dado vista a la causa, porque solicitó al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y el persecutor que encabezó la diligencia, Sergio Pérez, entregar un informe -en un plazo de ocho días- en el que justifique la diligencia "con el fin de evitar posibles trámites posteriores, que entorpezcan la vista de la causa", reza el escrito firmado por los ministros de la segunda sala, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y el abogado integrante, Claudio Sepúlveda.
Juez de Garantía informó a la Corte
La misma sala ya había solicitado al juez de garantía de Rancagua Luis Barría, que presentara un escrito en el que explicara las razones para autorizar la diligencia intrusiva que en su minuto solicitó el Ministerio Público para ingresar a los obispados de Valparaíso, Osorno, Chillán y Concepción.
El magistrado entregó hoy sus descargos, en los que asegura que no existió "acto alguno del suscrito arbitrario o ilegal, sino que en ejercicio de las facultades propias de la jurisdicción que ejerce, en el marco de su competencia y previa valoración de los antecedentes que le fueron expuestos, accedió a la diligencia respecto del obispado de Valparaíso, en los términos requeridos".
Respecto de la no información previa que reclamó el obispado de Valparaíso en su recurso, el magistrado Barría sostuvo que "la garantía del debido proceso no se vio afectada", ya que "el suscrito hizo un control previo de la necesidad, procedencia de la medida y de su forma de ejecución".
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