La propuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast de crear un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar al crimen organizado en barrios críticos comenzó a abrir un debate político, con respaldos a la incorporación de las Fuerzas Armadas, pero también reparos sobre sus atribuciones y la forma en que se coordinarían con las policías.

La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada por el Mandatario en cadena nacional, y apunta a permitir que las FF.AA. colaboren con las policías en sectores donde las organizaciones criminales hayan alcanzado un nivel especialmente complejo de control territorial.

Pero la fórmula todavía está en construcción. Este viernes, el propio Kast puso una primera condición para avanzar hacia un eventual despliegue militar: que antes sean aprobadas en el Congreso las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en comisión mixta.

“Hoy se está discutiendo en el Parlamento las Reglas de Uso de la Fuerza, está por salir esa normativa, eso va a dar una señal clara, pero vamos a ir paso a paso”, sostuvo el Mandatario, quien remarcó que el Ejecutivo reconoce las distintas funciones que cumplen policías y militares.

El diseño supone que las FF.AA. actúen como apoyo y no como reemplazo de las policías, una distinción que La Moneda ha buscado remarcar frente a los cuestionamientos que comenzaron a surgir por la incorporación de militares a tareas de seguridad interior.

El reparo de Cordero y la defensa del gobierno

Uno de los cuestionamientos más directos provino del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero, quien advirtió sobre las diferencias existentes entre las funciones y la preparación de policías y militares.

“La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y el modo en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos”, afirmó el exsecretario de Estado en conversación con CNN Chile.

Cordero también puso el foco en un eventual conflicto en las estructuras de mando: “Cuando usted subordina una institución jerarquizada con una estructura de mando y una doctrina a otra, usted está generando una distorsión institucional muy grande”.

Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió este viernes al paso de esas aprensiones y defendió que la propuesta busca ampliar las herramientas disponibles frente al crimen organizado, pero sin entregar a los militares las funciones que corresponden a las policías.

“El gobierno está jugando una opción audaz de proponerle al país el estudio, en nuestra institucionalidad constitucional, de un mecanismo permanente de ayuda a las policías cuando, a través de un estado de excepción constitucional nuevo y acotado, se requiera el apoyo -y no la sustitución de las tareas- de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

Pavez recordó, además, que las instituciones castrenses ya cumplen determinadas funciones durante los estados de excepción y planteó que el desafío fijado por Kast apunta a “ir un paso más allá”.

En el oficialismo, el senador Andrés Longton (RN) también cuestionó las aprensiones del exministro. “Las críticas del ministro Cordero parecen superfluas y no apuntan al fondo ni al detalle de las medidas. Muchas de ellas no son una simple continuidad, sino propuestas novedosas; otras, incluso, fueron rechazadas en su momento por el presidente Boric”, sostuvo.

Las posiciones entre los alcaldes

La propuesta también abrió posiciones diferentes entre los alcaldes y mostró que el debate no necesariamente seguirá la división tradicional entre oficialismo y oposición.

Una de las señales de apertura provino de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), quien valoró que se considere la incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo a las labores de seguridad y sostuvo que se trata de una propuesta que “hemos dicho por años”.

La jefa comunal, sin embargo, puso el acento en las condiciones bajo las cuales debería avanzar la iniciativa. “La seguridad no se construye con eslóganes ni con anuncios, sino con planificación, coordinación y trabajo conjunto”, afirmó, junto con señalar que una modificación de esa magnitud requiere “diálogo, acuerdos amplios y capacidad de construir mayorías, no imponer una visión por la mínima diferencia”.

Desde Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN) respaldó la evaluación de herramientas extraordinarias en sectores donde las organizaciones criminales hayan ganado terreno. “Cuando la delincuencia desplaza al Estado y los vecinos sienten que perdieron sus barrios, no basta con hacer más de lo mismo”, sostuvo.

El jefe comunal planteó, de todos modos, que la fórmula debe contar con “reglas claras, plazos definidos, control institucional y bajo el liderazgo de Carabineros”.

En la vereda contraria, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC), rechazó que la respuesta al avance de la delincuencia pase por un despliegue militar en los barrios.

“Que el gobierno de Kast esté evaluando esta medida refleja su nula capacidad de avanzar en fortalecer una estrategia de seguridad como tal. Las vecinas y vecinos tienen derecho a vivir seguros, pero la respuesta no puede ser militarizar los barrios”, afirmó.

Jadue sostuvo que “las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol excepcional y complementario en inteligencia, logística o apoyo tecnológico, pero la seguridad pública debe seguir siendo responsabilidad de Carabineros y la PDI”.

La discusión que viene en el Congreso

Además de las diferencias respecto del papel que tendrán las Fuerzas Armadas, la propuesta enfrenta otro desafío: conseguir los votos necesarios en el Congreso para materializar las reformas constitucionales contempladas por el Ejecutivo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), planteó este viernes que la necesidad de alcanzar un quorum más alto puede convertirse precisamente en una oportunidad para construir acuerdos con sectores que están fuera del oficialismo.

“Ahora, yo veo eso como positivo. El hecho que tú necesites tres quintos, por ejemplo, para una reforma constitucional, te tienes que sentar con el Socialismo Democrático en el Senado, te tienes que sentar con el PDG y de ahí puede salir un acuerdo para todos los proyectos hacia abajo”, sostuvo.

El diputado incluso anticipó una discusión menos complicada que la que enfrentó el Ejecutivo durante la tramitación de la megarreforma. “Yo creo que esto va a ser mucho más holgado, porque es urgencia ciudadana y porque en seguridad nos ponemos más fácil de acuerdo”, afirmó.

Desde el Senado también han surgido señales de que la agenda podría tener una tramitación acelerada. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), sostuvo en el programa Desde La Redacción de La Tercera que espera que los sectores opositores participen de la construcción de los acuerdos.

“Creo que la oposición tiene una tremenda oportunidad para empezar a influir y participar y que, en conjunto, pongamos al país por delante y avancemos en una agenda de seguridad que es prioridad para los chilenos”, señaló.

Núñez fue más allá respecto de los apoyos que espera conseguir para la reforma constitucional que podría modificar los estados de excepción y permitir el apoyo militar a las fuerzas de orden. Consultada sobre si veía votos del Frente Amplio y el Partido Comunista, respondió: “Espero que, si tenemos por delante el país, el ánimo de enfrentar el crimen organizado y entender que allí está el adversario, obviamente que deberían estar. Pero si no están, no tengo ninguna duda de que el Socialismo Democrático va a estar”.

La presidenta del Senado también comprometió acelerar la tramitación de la agenda. “Si tenemos que citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda, lo vamos a hacer”, afirmó.