A las 15.00 de este viernes se dio inicio a la vista de la causa ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por el requerimiento que ingresaron consejeros regionales (Cores) del Partido Republicano y de la UDI para destituir al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, por faltas a la probidad. Dicho requerimiento reprocha, entre otras cosas, haber realizado sesiones de coaching con recursos públicos que en realidad tenían una finalidad electoral y no fines propios del Gobierno Regional (Gore) Metropolitano.

Luego de una larga relación de más de una hora por parte de la relatora Carmen Gloria Valladares, cada una de las partes tuvo 25 minutos para alegar. Por parte de los requirentes expuso el abogado Álvaro Ferrer y por Orrego lo hizo su abogado, Ciro Colombara.

Durante los alegatos de Ferrer, el abogado centró su exposición en el cargo por las sesiones de coaching. Ferrer aseguró que “hay incumplimientos de deberes explícitos” y citó el caso de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, en que el Tricel responsabilizó a la entonces jefa comunal de las asesorías que recibió su círculo. Se trata de las mismas asesorías que en sede penal implicaron una condena por fraude al Fisco, ya que se pagaron con fondos comunales cuando en realidad eran asesorías personales para asegurar su reelección.

Gran parte del alegato de Ferrer apuntó a que los cargos de Orrego son por acción u “omisión inexcusable (…); es responsable porque no cumplió sus obligaciones”.

El abogado de los cores no abordó el caso ProCultura y citó, además, el fallo de la removida exgobernadora de Coquimbo Kirst Naranjo. Ferrer finalizó su exposición sosteniendo que Orrego “traicionó e instrumentalizó el cargo (…) para perpetuarse en él”.

Colombara, por su parte, se centró principalmente en el caso ProCultura. Pese a que abordó gran parte de los hechos reprochados en el requerimiento, destacó especialmente el programa Quédate, resaltando las salidas judiciales que ha tenido. “No existe perjuicio fiscal alguno”, dijo Colombara al destacar que ese caso se cerró, se sobreseyó, se rechazó el desafuero y no hubo pérdida de recursos, dado que logró activar los seguros y garantías.

“Fue investigado detalladamente y no hay ilegalidades. Todas las acusaciones eran falsas”, agregó Colombara.

Junto con eso cuestionó los argumentos de los requirentes: “Llama la atención que ya no se habla de acciones, se habla de omisiones”.

Colombara finalizó su alegato sosteniendo, respecto a la solicitud de remoción, que “se busca removerlo para hacerse del cargo”, haciendo referencia implícita al interés electoral de los cores republicanos y de la UDI.

Tras los alegatos, los supremos Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales, Omar Astudillo y el ministro Gabriel Ascencio dejaron la causa en estudio. El pleno tiene 30 días para emitir el fallo, por lo que algunos ministros pidieron más tiempo para analizar los hechos y antecedentes.