Tras un áspero intercambio de palabras con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los diputados de la UDI, además del gobernador de Biobío, Sergio Giacaman (indep. UDI), se desplegaron en un intenso lobby entre autoridades de gobierno para que no se detenga la adjudicación de obras para los corredores de transporte público para la Octava Región.

Los proyectos demandaban una inversión total de US$400 millones, sin embargo, en medio de la actual política de austeridad, Quiroz y el Ministerio de Obras Públicas, que hoy dirige Louis de Grange, echaron atrás las licitaciones.

“Es una decisión que se tomó el 24 de julio en una reunión que participa el ministro del sector con Hacienda. Una decisión que obedece a situación de estrechez fiscal. Son inversiones que nos gustaría posponer. No estamos diciendo que no se vayan a hacer, pero por ahora se van a posponer”, admitió el titular de Hacienda en la semana.

El hecho llevó, el martes pasado, a los diputados de la UDI, Flor Weisse (jefa de bancada), Sergio Bobadilla, (subjefe) y Marlene Pérez -todos representantes de la región del Biobío- a encarar públicamente al jefe económico para solicitarle que no se frenaran los proyectos de inversión.

Aunque Quiroz se comprometió a buscar alternativas dentro de 15 días para ayudar a la región, los legisladores llevaron su reclamo a la reunión que ese mismo martes en la noche sostuvieron con el Presidente de la República, quien según la versión que transmitieron los parlamentarios del gremialismo supuestamente se comprometió a mantener la obras.

“Felizmente, el gobierno nos escuchó y atendió nuestros requerimientos, que no se pueden postergar obras de infraestructura en el Gran Concepción. Creemos que es fundamental que estas obras sigan su proceso, de tal manera de que resolvamos los graves problemas de congestión en nuestra zona, y, por otro lado, generar puestos de empleo en una región que tiene los más altos índices de cesantía. Así que feliz por la respuesta que nos ha dado el gobierno”, dijo el diputado Bobadilla (UDI).

“Yo me quedo con que el ministro Quiroz tuvo la empatía para comprender, efectivamente, lo que es la necesidad de conectividad en nuestra región del Biobío, que las rutas señaladas llevamos años esperando que haya una mayor fluidez y no seguir con los eternos tacos. Y, por otra parte, la necesidad de generación de mano de obra. Me parece que ha sido una virtuosa conjunción de voluntades”, señaló la diputada Weisse (UDI).

“Quiero valorar que el Presidente haya acogido mi solicitud y se haya comprometido que va a revisar y evaluar esta decisión de postergar proyectos tan importantes para nuestra región como son los corredores del transporte público”, añadió Marlene Pérez (indep. UDI).

Rol de Alvarado

El gobernador Giacaman, por su parte, junto al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz (PSC), concurrió a La Moneda a reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

“Primero, estas obras que son muy importantes para el Gran Concepción, en particular los corredores públicos de la Ruta 160 y la Ruta 150 no son obras que se vayan a postergar. Él (Alvarado) nos aseguró que las obras se van a realizar y en consecuencia va a concurrir el ministro de Obras Públicas a entregarle a la región de qué manera van a conseguir la ejecución de estas obras en los plazos que estaban acordados”, indicó Giacaman tras la cita.

Desde el gobierno, sin embargo, matizaron las palabras de los representantes gremialistas, ya que el compromiso sería mantener el proyecto de obras, pero una situación distinta son las licitaciones y los montos contemplados, que de todos modos serán revisados por su magnitud.

Si bien Quiroz se puso al frente de la decisión fiscal de frenar las obras en principio, según la versión de quienes estuvieron en la reunión de los diputados UDI con Kast, detrás también había una negativa evaluación técnica de parte del MOP, desde la época que Martín Arrau (republicano) era ministro, respecto de las licitaciones, que aparentemente tenían un mal diseño urbanístico y, además, resultaban más caras de lo esperable.

No obstante, al intervenir Alvarado en la polémica, Quiroz saldrá del tema, ya que no se demandarían mayores recursos de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas asumiría el financiamiento del corredor con reasignaciones internas.

La inversión original requería un aporte del Estado de 90 millones de dólares hasta el año 2030 y después del orden de 50 millones de dólares anuales adicionales, según había explicado el ministro de Hacienda.