La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó este lunes la apelación de la defensa de Ángela Vivanco contra la resolución del 7° Juzgado de Garantía capitalino que dispuso la prisión preventiva para la exsuprema.

Pasadas las 16.00 horas, el juez que presidió la sala, Rodrigo Schnettler, informó la decisión unánime de mantener la medida cautelar.

¿Qué dijo el juez Schnettler?

“Hay tres delitos de cohecho agravado. Es muy arduo que pueda reducirse de la pena de crimen”, expuso el juez, indicando que la imputada arriesga tres penas del presidio mayor en su grado mínimo, más la sanción que tiene el lavado de activos, con “indisponibilidad de sustitutos penales”.

El magistrado también desechó el planteamiento que hizo la defensa respecto a razones de salud para otorgar una medida cautelar menos gravosa.

“No se entiende cómo eso no podría mantenerse controlado bajo el régimen interno del recinto en el que se encuentra la imputada. Si hubiese una desatención persistente en sus condiciones de salud, eso debe ser objeto de cautela y garantía”, explicó.

“Todo lo que se ha planteado en esta audiencia no ha conseguido alterar las conclusiones a las que ha arribado el tribunal, de manera que la decisión unánime de esta sala es confirmar la resolución en alzada por la que se dispuso la cautelar personal de prisión preventiva respecto de la señora Ángela Vivanco Martínez”, informó Schnettler.

Los planteamientos de las partes

El 30 de enero, Vivanco ingresó al Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, ubicado en San Joaquín, tras ser formalizada por delitos de cohecho y lavado de activos.

Su abogado defensor, Jorge Valladares, apeló para revertir la medida cautelar.

Ante los magistrados del tribunal de alzada, Valladares dijo que, a la fecha, la Fiscalía Regional de Los Lagos no ha presentado un informe patrimonial para sustentar sus imputaciones.

“No nos ha planteado ninguna irregularidad, ningún movimiento sospechoso en ninguna de las cuentas de mi representada”, afirmó.

A su vez, Claudia Ortega Forner, abogada de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, que compareció en representación del Ministerio Público, manifestó, que la libertad de la imputada constituiría un peligro para el desarrollo de la investigación.

“Las redes que ella pueda tener son insospechadas”, advirtió.

Por su parte, la abogada de Codelco, Carolina Sepúlveda, rechazó los planteamientos de la defensa, comentando que lo que pretendía su contraparte era que se “considere que las intervenciones de la exministra en la causa no fueron irregulares y que además no tiene ninguna relación con los pagos inmediatamente recibidos por su pareja desde los abogados con los fondos pagados por Codelco”.

“Esa conclusión a la que le pide la defensa que llegue simplemente no es razonable. Lo que está pidiendo la defensa no es que respetemos la presunción de inocencia, lo que está pidiendo es que cerremos los ojos frente a los antecedentes”, apuntó.

La Fiscalía de Los Lagos sostiene que la exjueza actuó al margen de la ley en la tramitación de la causa que enfrentó a Codelco con el consorcio entre la empresa estatal bielorrusa Belaz y la chilena Movitec.

Los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos, habrían contactado a Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, para ser favorecidos por las resoluciones de la exministra en el máximo tribunal.

Por las resoluciones desfavorables en la Suprema, Codelco debió pagar cerca de 17 mil millones de pesos al consorcio.

De acuerdo al Ministerio Público, al menos 90 millones de pesos fueron pagados por Lagos y Vargas a Vivanco y a su pareja luego de los fallos contra la minera chilena.

Migueles y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.

Tras la audiencia de este lunes, la representante del Ministerio Público valoró la resolución.

“Fue bastante fundada, se hizo cargo de cada una de las alegaciones de la defensa y en gran parte recogió la argumentación formulada por el Ministerio Público refutando cada una de esas alegaciones. En particular, nos deja también conforme que se haya reforzado la imputación que se hizo mediante la formalización y por lo tanto vamos a seguir investigando”, opinó Ortega.

“La investigación es dinámica, quedan bastantes cosas por hacer, pero por el momento sentimos que hemos hecho el trabajo concienzudamente y en forma responsable y adecuada en este sentido”, cerró.