La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible este lunes la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana -representada por el abogado y militante del Partido Republicano Raimundo Palamara- en contra de la exministra de Salud Ximena Aguilera y el expresidente Gabriel Boric por la cirugía de cadera exprés a la cual se sometió la madre de la exjefa del Minsal en el Hospital del Salvador.

Por decisión unánime, el lunes la corte -presidida por la ministra Romy Rutherford, el ministro Patricio Martínez y el ministro (s) Matías de la Noi- revirtió la decisión de primera instancia y declaró la admisibilidad de la acción penal.

En base a esto, los tres ministros revocaron la resolución del Octavo Juzgado de Garantía del 5 de enero de 2026 -firmada por la jueza Karin Mercado-, quien había declarado inadmisible la querella de Palamara.

El abogado acusa a Boric y a Aguilera de cinco presuntos delitos en el contexto de la operación realizada el pasado 23 de diciembre de 2025: abuso contra particulares y abuso de funciones, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, fraude al Fisco, negación arbitraria de prestaciones públicas y omisión de denuncia.

La querella, presentada el 1 de enero de 2026, explicita que “pese a la magnitud de los hechos y a su connotación pública no consta la presentación inmediata de una denuncia penal por parte de la ministra de Salud; no consta denuncia alguna por parte del Ministerio de Salud; no consta que el Presidente de la República haya ordenado o efectuado denuncia, limitándose el Ejecutivo a declaraciones políticas y administrativas”.

Esto, según se asegura en el escrito, “resulta especialmente grave si se considera que autoridades públicas tienen el deber legal de denunciar los hechos que revistan carácter de delito y de los cuales tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y bajo ninguna circunstancia la Constitución o ley alguna les permite encubrir hechos de gravedad que mantienen palmarios caracteres de delito. Debo hacer presente que el plazo era de 72 horas, lapso que se cumplió a la fecha de interposición de esta denuncia sobradamente”.

Acreditada la admisibilidad, la Fiscalía Oriente deberá investigar los delitos que la fundación imputa a las exautoridades del pasado gobierno. Asimismo, será la encargada de tomar declaración, según lo pedido por el querellante, a Boric, Aguilera y los funcionarios del hospital.

Tras lo resuelto por la Corte de Santiago, Palamara aseguró que “la unanimidad de la corte es clara, la labor que realiza la fundación en la persecución penal no puede ser bloqueada, ni constituir una protección indebida de los involucrados. Lo que había resuelto el Juzgado de Garantía impedía investigar penalmente estos hechos graves y eso es incompatible con un Estado de derecho. Valoramos positivamente el fallo categórico que nos permite perseguir que se asuman todas las responsabilidades, y en lo que nos compete, la responsabilidad penal”.

La resolución viene días después de que se revelara un informe de Contraloría en torno a la operación de la madre de la exministra. En ese documento el ente fiscalizador estableció que el jefe de asesores de la exsecretaria de Estado, Manuel Nájera, se comunicó previo a la entrada de la madre de Aguilera con distintos directivos del hospital. Asimismo, se determinó que “no se advierten motivos que justifiquen la intervención preferente de la paciente”.

Tras esto, el diputado y presidente de la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, anunció que su colectividad impulsará una acusación constitucional contra Aguilera. Igualmente, la jefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, ingresó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias contra la exjefa de la cartera sanitaria.