La Corte de Apelaciones de Arica fijó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para C.E.M.H. y C.M.M.V., imputados por el Ministerio Público como autores de asociación ilícita y otros delitos, en una indagatoria por hechos de corrupción en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

En la madrugada del 5 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Arica rechazó la solicitud de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público para ocho de los 10 imputados en la causa.

Este jueves, en un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica, integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández y José Delgado Ahumada y la abogada Sandra Negretti Castro, revocó la resolución que había fijado arraigo nacional y firma mensual para dos de ellos e intensificó las medidas cautelares de ambos imputados, tras la apelación del ente persecutor y el Consejo de Defensa del Estado.

“De lo expuesto por los intervinientes en estrado se desprende que los hechos imputados a los encartados son múltiples y graves, y tratándose de funcionarios públicos, uno de los cuales estaría actualmente en servicio, se hace necesario intensificar las medidas cautelares decretadas por la juez”, sostiene el fallo.

Según la indagatoria del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, diversos funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales se organizaron para utilizar sus puestos en la institución para recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites, proporcionar información interna antes de la notificación oficial, entregar información interna reservada que en ningún caso sería proporcionada a terceros ajenos a la misma y manipular el proceso en beneficio de los particulares.

La indagatoria comenzó en 2023 tras reclamos de usuarios que la propia Seremi de Bienes Nacionales denunció.

Desde 2021, según el Ministerio Público, los imputados que laboraban en la Seremi y la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Arica, junto a los coimputados consultores particulares, se concertaron para actuar de manera organizada para lo cual cada uno cumplía funciones determinadas y contaban con roles y tareas definidas, con la finalidad de dedicarse de manera sistemática y permanente a obtener pagos ilícitos por parte de usuarios particulares de la Seremi de Bienes Nacionales, quienes requerían efectuar diversos trámites de bienes fiscales en este servicio, los que debían tramitar.

La estructura, según la Fiscalía de Arica, contaba con cuatro líderes, un grupo de funcionarios que eran los brazos ejecutivos de la organización, además de otros que eran captadores.

Según detalló el ente persecutor, la organización contaba con personas que cumplían los roles de líderes, recaudadores de dinero, intermediarios y personas externas que facilitaban los medios para recibir los pagos de dinero.