El asesinato de hace casi dos semanas de una inspectora en Calama empujó al gobierno a tomar decisiones que pretendía abordar con más calma, pero siempre con la vista puesta en el abordaje de la violencia escolar más allá de hechos como el del norte del país. Resumidamente, los overoles blancos estuvieron desde antes de asumir en la mira del Ejecutivo, pero el homicidio aceleró el abordaje.

El primero en anunciar públicamente lo que vendría fue el propio Presidente José Antonio Kast: “Se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”, dijo. La idea era dar señales.

Y así, luego de meditar cómo hacerlo y además apurar el reglamento que permite los detectores de metales en colegios a propósito de otra ley (la de Convivencia Escolar), el gobierno decidió presentar dos nuevos proyectos de ley, uno a cargo del Ministerio de Educación de María Paz Arzola y otro a cargo del de Seguridad de Trinidad Steinert. Ambos apuntarán a medidas ya detalladas por La Tercera: mayores atribuciones de monitoreo en el caso de la primera cartera, y endurecimiento de penas en el de la segunda. Las dos iniciativas serán firmadas en La Moneda este martes por el Mandatario, en compañía de ambas secretarias de Estado.

El proyecto que apunta a más medidas de control en colegios se llama “Escuelas Protegidas” e ingresará esta misma jornada a través de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La idea es darle discusión inmediata, aunque al cierre de esta edición aún se estaba zanjando. Llevará las firmas del Presidente Kast y los ministros de Educación, Seguridad y Justicia.

Esta iniciativa, a ojos del gobierno, busca restablecer el orden y el respeto al interior de los establecimientos educacionales y contempla cinco medidas a las que tuvo acceso este medio.

Quizás si la más llamativa es la que tiene relación con la búsqueda de inhabilitar a estudiantes para acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior, tema que ya ha sido motivo de debate en el pasado. El proyecto incorporará entre los requisitos para acceder a ese beneficio no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

Otra medida contenida en el proyecto es una ya verbalizada: la revisión de mochilas. El proyecto permite que los sostenedores puedan implementar esta medida para evitar el ingreso de elementos que podrían ser usados para agredir. Según detallan conocedores de la iniciativa, la medida consistirá en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de estudiantes y profesores, y debe ser incorporada al reglamento interno del colegio, escuela o liceo.

En el gobierno, a sabiendas de que la medida puede ser rebatida en el Tribunal Constitucional y que hay instituciones que ya se han pronunciado en contra de medidas así, tomaron los resguardos para incluirlos en el proyecto. Entendidos dicen que contendrá parámetros de respeto para estudiantes y que personal especializado revise las mochilas. Que se señala expresamente el respeto a la honra y la no vulneración de garantías constitucionales.

Otra de las acciones contempla empoderar a los profesores. La lectura del Ejecutivo es que el respecto a los docentes se perdió. Así, el proyecto les da la posibilidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias que apunten a resguardar el normal desarrollo de las clases. Estas podrán ser inmediatas y tendrán carácter obligatorio para los estudiantes, como expulsiones de las salas o suspensiones, entre otras.

La cuarta medida busca sanciones por interrumpir clases, apuntando a episodios como las “salidas” convocadas en liceos emblemáticos, donde un grupo de alumnos sale intempestivamente del recinto, lo que obliga en muchas ocasiones a detener el desarrollo normal del día académico. En general, el proyecto considera cualquier evento que conlleve el normal desarrollo del servicio educativo.

Finalmente, el proyecto hará mención a la búsqueda de escolares “a cara descubierta”. Allí se establecerá que los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de gorros, capuchas, pasamontañas o aquellos que no permitan la identificación facial. Se hará la salvedad, eso sí, que en aquellos casos que respondan a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, se podrán usar. Pero, además, se prohibirá el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.

El segundo proyecto de ley sobre endurecimiento de sanciones por hechos delictuales cometidos en recintos educacionales lo que busca es modificar el Código Penal para establecer una agravante por delitos cometidos en recintos educacionales.