Diez días habían pasado desde el inicio de 2024 cuando los abogados del entonces general director de Carabineros Ricardo Yáñez presentaron una solicitud ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, para inhabilitar a los fiscales de la investigación sobre presuntos delitos de violación a los derechos humanos durante el estallido social, Xavier Armendáriz y Ximena Chong.

Si bien en esa ocasión Valencia no accedió a la petición de los abogados de Yáñez, quienes acusaban “odio y resentimiento” de parte de los persecutores de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el fiscal nacional decidió derivar una de las dos aristas de la indagatoria sobre los eventuales delitos ocurridos en 2019 hacia otra repartición regional del Ministerio Público.

En esa indagatoria hay dos aristas. Una es la denominada “altos mandos”, donde se indagan presuntos delitos omisivos de la máxima jerarquía de Carabineros que derivaron en la violación de derechos humanos en la crisis social. La segunda es la denominada arista de “lesa humanidad”, en la que se indaga una posible sistematización de los apremios.

La primera, en la que ya se formalizó a tres generales en retiro, quedó en manos de Armendáriz y Chong, mientras que la segunda pasó a la Fiscalía Regional de Antofagasta. Ese traslado, según argumentó Valencia el 10 de enero de 2024, se debió a una sobrecarga que tendrían los dos fiscales de la capital, por lo cual la causa llegó a manos del fiscal Juan Castro Bekios.

La solicitud de Chadwick

Desde que dicha causa llegó hasta el fiscal Castro Bekios -quien lleva causas como Democracia Viva y ProCultura- han pasado casi dos años. En este tiempo, y a diferencia de la causa que encabeza Chong, dicha repartición regional del Ministerio Público no ha dado luces de los siguientes pasos en la indagatoria, ya sea por sobreseimiento o formalizaciones.

En esa causa actualmente están como querellados los generales (r) Mario Rozas y Ricardo Yáñez, así como también el exministro del Interior Andrés Chadwick.

Precisamente es la propia defensa de la exautoridad de gobierno la que recientemente recurrió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para solicitar una audiencia de cautela de garantías. La defensa reprocha la actitud que ha tenido el Ministerio Público en la indagatoria, lo que afecta los derechos del exministro.

El requerimiento ingresado por los abogados Samuel Donoso y Gabriel Campos señala que “por decisiones administrativas el Ministerio Público ha dificultado la entrega expedita de la copia íntegra y actualizada de la carpeta de investigación en las formas que se expondrá en la audiencia fijada al efecto“.

Por otro lado, los defensores afirman que el Ministerio Público ha dilatado “inexplicablemente las respuestas a solicitudes de reunión con el fiscal titular pedidas por este interviniente“.

Todo lo anterior, según los defensores, "impiden a mi representado ejercer debidamente su derecho a defensa, de acuerdo a lo que será expuesto oportunamente".

A raíz del requerimiento, el tribunal fijó para el próximo 29 de diciembre, a las 10.00 horas, la audiencia de cautela de garantías. Será en ese momento que el Séptimo Juzgado de Garantía deberá analizar el requerimiento de la defensa del extitular de Interior y resolver si han existido vulneraciones a las garantías de Chadwick por parte de la Fiscalía.

La causa paralela

La causa paralela y radicada en la capital ya está formalizada y más avanzada en comparación a la arista que tiene la Fiscalía de Antofagasta.

El 14 de octubre del año pasado la Fiscalía Centro Norte formalizó por varios días a los generales (r) Yáñez y Rozas y al exsubdirector de Carabineros Diego Olate. En esa ocasión Chong les imputó delitos omisivos de apremios ilegítimos, es decir, por no haber adoptado las medidas que correspondían para evitar vulneraciones a los derechos humanos de los manifestantes durante el estallido social.

El Ministerio Público imputó responsabilidad sobre las lesiones de 299 personas, por lo cual quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional y firma semanal quincenal. En agosto pasado la Corte de Apelaciones de Santiago modificó dichas cautelares y dejó a los generales (r), además del arraigo, con firma mensual.

Todo lo anterior, a la espera del cierre de la investigación, para lo cual aún no hay fecha, ya que el pasado 11 de noviembre el tribunal autorizó la extensión en otros 120 días el plazo de investigación ya que quedan 25 diligencias aún pendientes.