Este viernes, Verónica Encina Vera, asumió como nueva defensora nacional tras ser nombrada por el Presidente de la República Gabriel Boric Font.

Y luego de tomar conocimiento de supuestas irregularidades en la oficina de la Defensoría Local de Los Ángeles por un presunto conflicto de interés en una causa por narcotráfico, resolvió entregar el sumario interno, a un investigador de mayor jerarquía para que indague presuntas faltas administrativas “dada la gravedad de los hechos”.

Se trata de la jefa del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones de la Defensoría Nacional, Marcela Werlinger.

“Además, he resuelto asignar un defensor ajeno a la región para los imputados a cargo de la Defensoría, resguardando y fortaleciendo, por una parte, el éxito de la investigación administrativa y, por otra, el derecho a defensa”, detalló Encina.

Junto con esto, agregó que en la institución que ahora dirige “hemos establecido lineamientos que se basan en la probidad e integridad de todos quienes desempeñamos labores en ella”, agregando que “precisamente, durante mi gestión, se fortalecerá el respeto a los principios de honradez, transparencia y rectitud en el desempeño de la actividad laboral”.

“Cualquier incidente sospechoso, será investigado como corresponde, con un debido proceso y por supuesto, respetando el principio de presunción de inocencia que le asiste a todas las personas”, concluyó.

La causa

Una compleja y secreta investigación que involucra a dos fiscales, una jueza, administrativos del Ministerio Público y un funcionario del Poder Judicial, todos de la Región del Biobío, es la que está llevando adelante la Fiscalía Regional de Ñuble.

Fue a mediados de marzo cuando el fiscal nacional Ángel Valencia ordenó que la fiscal regional Nayalet Mansilla Donoso se hiciera cargo de una indagatoria cuyo origen está relacionado al mundo del crimen organizado y que involucra, además, a dos abogadas privadas que se han especializado en este tipo de causas: Susana Cortés Karmy y su socia Andrea Romero Jara.

En concreto, el ente persecutor investiga el vínculo de las abogadas, conocidas en la región por defender a sujetos relacionados al mundo del crimen organizado, con funcionarios del Ministerio Público y los presuntos delitos de cohecho y revelación de secreto.

Esto, porque Romero es casada con el fiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán Fuica, quien también ha tenido entre sus casos algunos relacionados a narcotráfico, mientras que Cortés es casada con Patricio Gutiérrez, jefe de la Defensoría Penal Pública.

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles el 19 de marzo ordenó la entrada, registro e incautación de objetos de varios funcionarios públicos, entre ellos del fiscal Durán Fuica, así como también de la fiscal adjunta María Gemita Rojas Ravanal. En esa orden, que también afectó a varios funcionarios públicos, se involucró a las dos abogadas privadas. La medida intrusiva se concretó al día siguiente y fue llevada a cabo por funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones.

Pero no fueron los únicos allanamientos.

Las diligencias

El caso se originó luego de que desde la oficina de las abogadas enviaran onerosos chocolates a las oficinas de la Fiscalía. Fue allí como una fiscal presentó una denuncia que activó las sospechas.

La fiscal regional Nayalet Mansilla inició así una investigación que ha estado llevando bajo total resguardo, que comenzó a mediados de 2024. En la orden de allanamiento emanada a mediados de marzo se señala: “Ha lugar a disponer la entrada, registro e incautación de objetos (celulares, computadores y cualquier otro dispositivo de almacenamiento de datos) y documentos, sin previo aviso ni comunicación de los afectados por ser indispensable para el éxito de la diligencia”.

Además, se señala que se autoriza “la retención, incautación, extracción y análisis de correspondencia electrónica desde computadores, discos duros, servidores o cualquier otro tipo de dispositivo de almacenamiento, la incautación de las claves de acceso de los correos electrónicos y equipos celulares y la retención e incautación de comunicaciones por redes sociales, tales como: WhatsApp, Telegram, Instagram u otros análogos, que tengan instalados en sus equipos celulares u en otro dispositivo de almacenamiento y tratamiento de información”.

Allí, además de las abogadas y fiscales que figuran en calidad de imputados, también aparecen otros funcionarios: Paulina Aguayo, Mónica Muñoz, Soledad Ramírez, Luis Muñoz, Claudia Coello, Juan Francisco Muñoz.

Así las cosas, los dos fiscales involucrados se encuentran actualmente suspendidos de sus funciones.

Y la semana pasada los allanamientos policiales se hicieron extensivos al Juzgado de Garantía de Los Ángeles. La jueza Alicia Bravo autorizó allanar la oficina de la magistrada de garantía Cherie Palomera Astroza y del funcionario del Poder Judicial, específicamente encargado de sala, Nelson Sáez.

Posterior a estos allanamientos, la fiscal estaría revisando los antecedentes y analizando eventuales formalizaciones. Desde la Fiscalía de Ñuble descartaron emitir un comentario para este artículo. Hasta el cierre de esta edición, desde el Poder Judicial tampoco se pronunciaron.