Por Javiera ArriazaDefensoría de la Niñez alerta discriminación en proyecto que restringe acceso a salud y educación a migrantes irregulares
Según la institución, esto implica una acción "arbitraria" e "incompatible" con la Constitución, la Ley de Garantías de la Niñez y los tratados internacionales vigentes.

La Defensoría de la Niñez advirtió el riesgo de vulneración de derechos en el proyecto de ley que modifica la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería, aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y actualmente en segundo trámite constitucional.
La iniciativa contempla restricciones en el acceso a prestaciones para niños, niñas y adolescentes migrantes, priorizando la atención en salud y educación para nacionales por sobre personas extranjeras en situación migratoria irregular. Según la institución, esto implica discriminación arbitraria incompatible con la Constitución, la Ley de Garantías de la Niñez y los tratados internacionales vigentes.
“Los derechos de niños y niñas no pueden quedar subordinados a su situación migratoria. Restringir su acceso a salud y educación no solo es discriminatorio, sino incompatible con las obligaciones legales del Estado de garantizar sus derechos”, indicó el defensor de la niñez, Anuar Quesille, quien añadió que lo aprobado “tensiona estándares constitucionales, legales e internacionales que obligan a proteger a la niñez sin distinción”.
Asimismo, la Defensoría alertó que este debate se da en un contexto en que los niños, niñas y adolescentes migrantes enfrentan importantes barreras administrativas. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Migraciones, analizados por la institución, los procesos de reunificación familiar pueden tardar hasta 17 meses y las residencias definitivas más de dos años, afectando derechos como la identidad, el debido proceso y el acceso oportuno a servicios.
El organismo recordó que ya había formulado observaciones técnicas al proyecto durante su primer trámite constitucional, advirtiendo la necesidad de resguardar el enfoque de derechos de la niñez en la formulación de políticas públicas, respondiendo así a las aspiraciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Garantías y la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032.
En esa línea, la Defensoría hizo un llamado al Senado a revisar el proyecto para asegurar su conformidad con los estándares de derechos humanos, advirtiendo que la discusión legislativa no puede traducirse en restricciones al acceso a derechos esenciales.
“Los derechos de la niñez no se restringen, se garantizan. Esperamos que el Senado corrija este enfoque, porque no podemos avanzar en normas que impliquen menos derechos para niños y niñas”, concluyó el Defensor de la Niñez.
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