La fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) se creó hace 35 años y, desde entonces, ofrece talleres, acompañamientos y capacitaciones para las mujeres. Desde su creación formó parte de la Coordinación Socio Cultural de la Presidencia de la República, pero con los cambios que Irina Karamanos le hizo a las responsabilidades de la primera dama, un cargo del directorio le corresponde a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Hoy el organismo se ha convertido en un foco de preocupación para la nueva ministra de la Mujer, Judith Marín.

De acuerdo a fuentes cercanas de la cartera, a poco de asumir su cargo, la nueva secretaria recibió un informe de entrega de gestión de la fundación. En el escrito -al que tuvo acceso La Tercera- se detallaban las funciones, las atenciones entregadas, la cantidad de funcionarios, pero también un balance que alertó a Marín: el estado financiero.

De acuerdo al informe, se detectó una deuda de arrastre que data de 2017, originada por sobregastos y rechazados en rendiciones por un total de $ 477.591.566. Además, a esa cifra se le deben sumar otros componentes.

Por ejemplo, también se detectó la existencia de una factura impaga por un servicio de telefonía. También se halló la tramitación de un crédito de $ 500.000.000 para enfrentar la deuda de arrastre.

Según el escrito también se determinó la suscripción de los contratos colectivos con los Sindicatos 1 y 2 de Prodemu, ambos ocurridos el 27 de diciembre del año 2024, fuera del marco presupuestario y conforme a convenios suscritos con SernamEG e Indap -organismos del ministerio- resultaban no rendibles, por lo tanto, se proyectó una rendición rechazada por ambas instituciones para el período 2025. En la primera proyección se estimó que el monto asociado con eventual rechazo correspondería a un total de $ 422.876.068.

Así, el informe concluye que “la deuda de arrastre períodos 2017 al año 2024, y su componente proyectado para el período 2025 a partir del análisis financiero señalado, correspondía a un monto de $ 1.501.688.660. Lo anterior sitúa a la institución en una situación de inviabilidad financiera y operativa, principalmente, por no contar con ingresos propios permanentes de suficiente magnitud para disponer de liquidez y enfrentar dicho déficit. La estructura de sus ingresos para funcionamiento, operación y ejecución de programas y otros gastos de operación es a través de transferencias corrientes y de capital con rendimientos calzados".

Así, el futuro del organismo -incluyendo eventuales escenarios como un cierre paulatino o el traspaso de algunas de sus funciones y servicios-, así como la forma en que se buscará desenredar su situación financiera, será uno de los temas centrales de la próxima junta de directorio de la fundación Prodemu, que se realizará mañana y a la que asistirá la ministra de la Mujer.

Fuentes de la administración anterior detallan que este tema se alcanzó a ver en el marco del traspaso. De hecho, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, le envió las últimas gestiones realizadas a su sucesora, acompañada de varios mensajes, quedando a disposición.

Asimismo, desde la administración anterior afirman que efectivamente partir de 2025, la fundación Prodemu enfrenta un complejo escenario de sostenibilidad financiera y operacional, marcado por el cambio en los criterios de rendición de recursos públicos.

Esto, luego de que la Contraloría General de la República de Chile modificara su interpretación respecto de qué gastos en personal pueden ser financiados con transferencias, excluyendo beneficios pactados en convenios colectivos que históricamente eran cubiertos.

Así, la situación financiera actual es derivada de un aumento de gastos rechazados, a lo que se suma una deuda de arrastre desde 2017 y nuevas obligaciones laborales adquiridas sin respaldo presupuestario.

Por esa razón, la extitular de Mujer tomó varias medidas, entre ellas se le envió un oficio a la Contraloría para aclarar la posibilidad de que la fundación pudiera rendir los gastos emanados de los convenios colectivos vigentes del personal en las rendiciones del año 2025. Así como también varias consultas a la Dipres.

“Es precisamente para resolver el origen del déficit que hace un año le pedimos pronunciamiento a Contraloría sobre cómo rendir los convenios colectivos, que son obligaciones legales, pero no tuvimos respuesta durante 2025. A la nueva administración le corresponde gestionar en base a lo que responda la contralora: si la respuesta es negativa, la opción es un proyecto de ley”, afirmó la exministra de la Mujer a La Tercera.

Por eso, voces de la administración anterior afirman que es clave, pues con este pronunciamiento pueden revisar el futuro de la fundación y asegurar su futuro. Asimismo, afirman que este no es un problema aislado y que otros ministerios, como el de Desarrollo Social, enfrentan las mismas dificultades con sus fundaciones.