Durante la mañana de este martes 6 de mayo la Comisión para la Paz y el Entendimiento realizó la entrega del informe final de la instancia, el cual busca dar una salida política al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

El informe que no logró un acuerdo absoluto, con el documento siendo aprobado por siete votos a favor y uno en contra, se encuentra conformado por 21 recomendaciones, las cuales se encuentran segmentadas en cinco ejes: Justicia y reconocimiento; Reparación a las víctimas; Tierras; Desarrollo territorial, y Garantías de la implementación.

Según señaló Alfredo Moreno, integrante de la Comisión al momento de la entrega del informe, “Lo esencial de lo que queremos transmitirle es entender que el sistema actual no es sólo deficiente, es uno de los principales factores que agrada y perpetúa el conflicto que vivimos”.

“No podemos permitirlo, no podemos seguir potenciando el problema, tenemos que atrevernos a resolverlo. Por esto lo que hoy presentamos no es un simple ajuste, es un cambio profundo en la forma de entender y abordar este desafío histórico. En la Comisión, personas con visiones profundamente distintas, con experiencias de vida contrapuesta, con historias de dolor y de pérdida, fueron escuchadas", agregó.

De acuerdo a lo que agregó, “Proponemos pasar de un sistema que sólo entrega tierras a uno que abre múltiples caminos para el desarrollo. De un modelo que genera división a uno que construye encuentros. De restricciones que condenan a la pobreza a libertades que permiten el progreso. De la espera indefinida a plazos claros y realistas. De ignorar a las víctimas a reconocerlas y repararlas”. 

Recomendaciones de la Comisión

Entre las recomendaciones emanadas por la comisión se encuentra “reformar la Constitución Política de la República de Chile para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional“.

Según detalla el documento, se “recomienda también que se reconozca la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país".

“La Comisión recomienda establecer en la Constitución que son pueblos indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, y Selk’nam”, agregan.

De igual forma realizan un llamado a ampliar el concepto de comunidad indígena establecido en la Ley, permitiendo de esta forma puedan adoptar formas de organización interna que reconozcan sus autoridades y formas de organización propias.

“La Comisión propone retomar la tramitación del proyecto de ley boletín N°10526-06 y aprobar la creación del Consejo de Pueblos, que ya cuenta con un consenso político transversal y su contenido es valorado por las comunidades indígenas y por las instituciones, organizaciones y actores que velan por el resguardo de los Derechos Humanos y de los pueblos indígenas", detalla el documento.

Además, según mencionan, “la Comisión recomienda crear un órgano de la más alta jerarquía política, que diseñe y coordine de manera efectiva la política desde el Gobierno hacia los pueblos indígenas”.

Reparación de víctimas

En cuanto a la reparación de las víctimas, según señalan ante “los graves hechos de violencia rural o actos de carácter terrorista observados en las cuatro regiones”, llaman a dictar una ley de reparación integral para todas las víctimas del conflicto, “tanto mapuche como no mapuche, reafirmando el deber del Estado en el mantenimiento de la seguridad de la población”.

Para esto la comisión recomienda la creación de un órgano el cual será el encargado de identificar y registrar a las víctimas. “Con respecto a los mecanismos de reparación que podrán ser aplicados por el órgano que se cree en virtud de la ley, se considerarán formas de indemnización, de rehabilitación y de no repetición”, mencionan.

Acuerdo de tierras

Respecto al tema de las tierras, la comisión hace un llamado a “Establecer un nuevo sistema de tierras que tenga por objeto armonizar la Ley Indígena N° 19.253 con el Convenio N° 169 de la OIT", agregando que “será necesario resolver el problema presupuestario con un plan integral que permita dar una respuesta más rápida y efectiva a las demandas de reparación”.

Para esto, se recomienda la conformación de una Agencia de Reparación, la cual estará encargada de un sistema de reparación, que contará con “un mecanismo de adquisición de tierras que evite los conflictos y que se ajuste al derecho y no a vías de hecho”.

Para llevar a cabo esto, se contará con un Fondo Financiero para solventar este nuevo sistema de reparación. “Este fondo tendrá un valor en torno a los 4.000 millones de USD, creándose por ley, según lo establecido en estas mismas recomendaciones”, señala el informe.

De igual forma, la comisión recomienda la creación de un Tribunal arbitral, el cual funcionará de forma autónoma y buscará resolver las solicitudes de reparación de las comunidades y funcionará “como mediador en los conflictos entre comunidades que permita conciliar distintas controversias acaecidas”.

Tierras forestales

Según agrega el informe, “la comisión recomienda proponer un nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal, que contribuya a una convivencia territorial más armónica, al cumplimiento de los objetivos de estas recomendaciones y al desarrollo económico de las comunidades mapuche".

De acuerdo a lo que agregan, esto se dividirá en dos fases, la primera bajo la actual normativa de la Ley Indígena vigente, donde “la industria forestal manifestó su voluntad de otorgar una respuesta en plazo acotado a la demanda actual de tierras que existe ante CONADI asociada a predios de su propiedad“.

Por su parte, la segunda fase entrará en funcionamiento una vez que entre en vigencia el nuevo marco normativo de reparación y según detalla el informe, “la industria forestal manifestó su disposición para ser parte de la solución que propone esta Comisión. En concreto, señala su voluntad de otorgar una respuesta a las demandas que estén asociadas a predios de su propiedad".

En el informe, también se hace mención al desarrollo territorial y económico de las regiones, señalando que "considerando los altos índices de pobreza, desigualdad y brecha de desarrollo que reflejan las cuatro regiones involucradas en este plan“ se requiere de ”una estrategia regional que invite al trabajo público-privado, a la inversión nacional y extranjera y generar condiciones que faciliten el desarrollo de actividades económicas en los ámbitos propios de estas regiones, especialmente, agricultura, agroindustria, turismo, entre otras áreas".