La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, junto a la diputada Emila Schneider (FA) y el diputado Juan Santana (PS), presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) acusando un “filtro político” en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) por parte de la Dirección de Educación Pública (DEP).

Los legisladores tras el requierimiento -integrantes de la comisión de Educación de la Cámara Baja- denuncian que la Dirección de Educación estaría excediendo sus facultades, deteniendo contrataciones de personal e impidiendo procesos administrativos, haciendo que la implementación de los Servicios Locales se retrase, incluso fallando en dicha puesta en marcha.

“Iremos a la Contraloría por el exceso de atribuciones que se está tomando la DEP, que es principalmente quien está encargado hoy día de ayudar a implementar los servicios locales de educación pública. Está impidiendo que los servicios locales puedan contratar o incluso les está pidiendo la justificación de la contratación y está retardando sobre todo los procesos de implementación y claramente nosotros creemos que esto no es parte de una doble interpretación", sostuvo al respecto la diputada Serrano.

En este sentido, indicó, “Esto configura claramente un filtro político, ellos están buscando que claramente se pueda retrasar, que pueda fracasar, sobre todo la implementación de nueva educación pública”.

Asimismo, la diputada Schneider (FA) añadió que “si el gobierno lo que pretende es boicotear la educación pública, que fracase la educación pública, lo que le queremos decir es que le hace un tremendo daño al país y por eso como parlamentarios y parlamentarias no lo vamos a permitir”.

“Y este no es un hecho aislado (...) Acá lo que hay que hacer es discutir, corregir lo que hay que corregir, pero avanzar, avanzar en un camino que hace mucho tiempo el país se trazó que es precisamente desmunicipalizar y avanzar en la nueva educación pública”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que “le decimos al gobierno que vamos a estar fiscalizando las acciones que ellos van a estar realizando en materia de administración de la educación pública, y naturalmente le hacemos un llamado a la ministra a que pueda atender los requerimientos que hemos realizado desde la Comisión de Educación y, principalmente, que no avance en los recortes presupuestarios que se han anunciado y que representan en el 3% de educación más de 500 mil millones de pesos, de recorte en una serie de programas que son beneficiosos para las comunidades educativas de nuestro país”.