Como se había previsto, la primera sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputado para la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional estuvo marcada por una fuerte tensión política.

Además, se cumplió con la advertencia del ingreso de un “tsunami” de indicaciones -un total de 1.295 en el comparado- que hacia vislumbrar una caótica tramitación de la megarreforma del Ejecutivo.

Si bien la instancia presidida por el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) había acordado que solo hasta el mediodía del lunes se iban recoger propuestas, luego se aclaró que ese periodo simplemente buscaba facilitarle el trabajo a la secretaría de la comisión, que debe elaborar un comparado (una minuta en la que se expone esquemáticamente la legislación actual, el proyecto del gobierno y las proposiciones de parlamentarios), lo que hizo que se fueran sumando más y más mociones, hasta superar las mil.

El ambiente se caldeó, como ya había sucedido en las sesiones anteriores para la votación en general, por la molestia de los parlamentarios opositores con la manera en que Romero dirige la comisión.

Entre los reclamos, el diputado Raúl Leiva (PS) acusó de “fraude constitucional” la decisión dada a conocer por el presidente de la comisión de votar primero las indicaciones del gobierno, para “saltarse” las enmiendas ingresadas por la oposición.

El diputado Carlos Bianchi (Ind.-PPD) también cuestionó la determinación para llevar adelante la votación, lo que calificó como una “maniobra dictatorial”.

Desde el Frente Amplio, en tanto, la diputada Constanza Schonhaut presentó una reserva de constitucionalidad, acusando una eventual vulneración a las reglas de tramitación legislativa ante la posibilidad de bloquear el debate durante la discusión.

“Quiero hacer una reserva de constitucionalidad porque, materialmente, lo que aquí está ocurriendo es una vulneración de las reglas de tramitación legislativa en su fondo”, señaló en la sesión.

Schonhaut sostuvo que el Ejecutivo estaría intentando limitar las facultades del Congreso en la discusión del proyecto, transformándolo “de facto” en una ley delegatoria. “En virtud del artículo 69 de la Constitución, que le reconoce a los parlamentarios el derecho constitucional de legislar a través de correcciones e indicaciones, quiero hacer la reserva de constitucionalidad porque en este caso lo que está buscando el Ejecutivo es hacer de esto una ley delegatoria, es decir, legislar sin la participación del Congreso”, afirmó.

La legisladora agregó que este tipo de mecanismos “tiene límites y otro tipo de tramitaciones”, insistiendo en que el Parlamento no puede ser reducido a un rol meramente testimonial en el debate legislativo.

Romero, en tanto, respondió cada una de los emplazamientos señalando que debía apegarse al calendario, dada la suma urgencia que el gobierno le dio a la ley miscelánea.

Asimismo, insistió en que la discusión debe zanjarse en esta sesión, para que este miércoles 13 de mayo el articulado sea votado desde la mañana hasta la madrugada, de ser necesario.