A casi cinco años de haber depositado total confianza en su cuñado para la administración de su negocio, Pascuala Gamboa, dueña del 50% de la sociedad dedicada a la explotación del restaurante La Hacienda de Machalí, considera que José Luis Ansoleaga la defraudó.

Y no por cuestiones triviales, sino por hechos que advirtió y que la llevaron a interponer en mayo pasado una querella contra el conocido empresario gastronómico, quien mantiene la propiedad de Inversiones Los Larios, dueña del otro 50% de la sociedad que administra La Hacienda y que también es propietaria de otros conocidos restaurantes como La Cabrera.

De acuerdo con la acción interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, declarada admisible y remitida a la Fiscalía el 22 de mayo, Ansoleaga sería responsable de los presuntos delitos de administración desleal y corrupción entre particulares.

Según la querella, patrocinada por el abogado César Zamorano, el actuar delictivo del empresario ha “causado perjuicio patrimonial real, directo y cuantificable en el patrimonio” de Gamboa. Se sostiene que aquello es fruto de maniobras de endeudamiento abusivo que ha seguido Ansoleaga, a quien también se le señala como responsable de acciones tendientes a incrementar artificialmente costos de operación de La Hacienda, y de infringir los deberes de fidelidad, de custodia y patrimonios separados de las sociedades que representa.

Conforme al detalle de la acción penal, Ansoleaga, haciendo uso de la representación exclusiva que tenía sobre la sociedad, habría operado los activos y flujos de caja junto con los de su otra sociedad, Los Larios. O sea, habría tenido una “caja única”, como se describe en la querella.

Asimismo, se indica que “Ansoleaga obtuvo dos créditos bancarios: uno por $88.000.000 y otro por $177.000.000 a nombre de La Hacienda y bajo su RUT, pero destinó sus fondos en beneficio exclusivo de su holding gastronómico personal y de otras empresas del Grupo Los Lirios, sin que La Sociedad (la que mantenía con Gamboa) recibiera dichos financiamientos”.

“Como consecuencia directa de este desvío, La Sociedad pagó $65.000.000 en intereses por deudas que no le eran propias ni le reportaron beneficio alguno, configurando un perjuicio patrimonial líquido y cuantificable (...) Adicionalmente, la capacidad crediticia de La Sociedad quedó completamente agotada, privándola de acceso a financiamiento legítimo para sus propias necesidades operacionales", se agrega.

Aunque la conformación de la sociedad le permitía actuar con total independencia, se advierte como tercera presunta irregularidad que el empresario contrataba servicios requeridos por la sociedad que tenía con la querellante a otras empresas que eran de su propiedad. O sea, se autocontrata.

“Ansoleaga impuso como proveedores exclusivos de La Sociedad a dos empresas de su propiedad individual: Servicios Integrales A&G SpA (AYG), dedicada a la administración y back office; y Natural Food Service SpA (NFS), dedicada a logística y abastecimiento de insumos gastronómicos”, se lee en la querella.

Eso implicó, como se explicita, que AYG facturara $307.102.866 por servicios de administración, sin -como se indica- detallar las prestaciones realizadas, y que NFS cobró $118.584.781 por fletes y logística. “No existió proceso de cotización ni licitación alguna, ni se buscaron proveedores alternativos, lo que demuestra la omisión deliberada del deber de resguardar el patrimonio social en beneficio del interés personal del representante legal, mediado por su holding gastronómico”, se releva en el documento ingresado en tribunales.

Adicionalmente, la acción apunta a que el querellado habría desplegado “una maquinación fraudulenta destinada a reducir artificialmente el valor de la empresa y perjudicar el pago que correspondía a la querellante por su participación del 50%“. Se alteraban, como se describe, cifras en los diferentes balances.

Entre esas modificaciones que se introducían se sumaban, por ejemplo, acreedores. De igual manera, se expone que el empresario habría dispuesto el traslado de activos fijos de propiedad de la sociedad, como mesas, sillas, un baño maría y ventiladores de techo, hacia locales de su propiedad en Santiago.

Todo aquello debiese ser sancionado, pues como releva la querellante, la norma establece que incurren en delito “los gerentes, apoderados o representantes de una persona jurídica que, teniendo a su cargo la salvaguardia del patrimonio de otro, causen perjuicio a dicho patrimonio, ya sea ejerciendo abusivamente sus facultades o infringiendo sus deberes de cuidado”.

Se agrega, igualmente, que la manipulación de las cifras del restaurante podría ser constitutiva de estafa.

“Ansoleaga Pérez es simultáneamente el dueño, representante legal y administrador exclusivo de todas las personas jurídicas imputadas, lo que excluye toda posibilidad de que los ilícitos fueran cometidos sin su pleno conocimiento y decisión. Los delitos fueron cometidos precisamente en y a través del ejercicio de sus funciones de administración y representación, utilizando las facultades que cada una de estas personas jurídicas le confería”, se destaca en la querella.