La ventana para encontrar sobrevivientes tras un terremoto siempre es estrecha. Por eso, mientras los rescatistas chilenos continúan removiendo escombros en La Guaira, en Santiago ya asumen que difícilmente habrá un segundo contingente de especialistas viajando al país caribeño. Es más, el Ejecutivo entregó luces de no enviar más brigadas de rescate “si Venezuela no lo solicita expresamente”.

La señal la dio este martes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien descartó la posibilidad de organizar nuevos despliegues pese a las consultas que, según mencionó en una entrevista con Digital FM, ha recibido de alcaldes, parlamentarios y voluntarios interesados en colaborar. La explicación apunta a que Venezuela ya no estaría aceptando el ingreso de nuevos equipos internacionales y que Chile no actuará fuera de los mecanismos de coordinación establecidos por el país afectado.

El mensaje no solo cierra la puerta, por ahora, al envío de nuevos rescatistas. También confirma que el gobierno considera que la prioridad sigue siendo respaldar al contingente que ya trabaja en terreno y evaluar, una vez concluida la fase de búsqueda, qué tipo de ayuda humanitaria podría requerirse posteriormente.

El equipo chileno corresponde a una brigada USAR (Urban Search and Rescue) de Bomberos de Chile, especializada en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Su despliegue, sin embargo, tiene una duración limitada.

Según explicó Pavez, la misión contempla un máximo de diez días de trabajo desde su llegada a Venezuela. No es un plazo arbitrario, ya que los protocolos establecen que estos equipos operan de manera autosuficiente durante un período acotado. Esto, debido al enorme desgaste físico que implica trabajar de forma continua entre estructuras inestables y porque, con el paso de los días, disminuyen las probabilidades de hallar personas con vida.

Por esa misma razón, especialistas consultados sostienen que resulta poco probable que Chile prepare una segunda brigada para relevar a los bomberos que hoy permanecen desplegados, aunque las posibilidades de que ocurra aún existen, pero son bajas. Superada la fase inicial de rescate, las emergencias suelen entrar en una etapa distinta, enfocada en la recuperación de cuerpos y la remoción de escombros, labores que normalmente quedan en manos de las autoridades locales.

“Cuando tengamos bien claro cuál es la siguiente fase de ayuda, vamos a activar redes públicas y privadas para para poder hacer lo que se necesite, pero hoy día se necesitan cosas que para nosotros es muy difícil enviar. Se requiere maquinaria pesada para mover escombros, se requiere retroexcavadora”, aclaró Pavez.

El subsecretario además remarcó que es mejor saber qué necesitan antes de enviar ayuda. “El llamado que hace el gobierno es a esperar que podamos chequear bien cuáles son los requerimientos para poder ayudar de la mejor manera posible”, agregó.

A ese escenario se sumó en las últimas horas una polémica que expuso las dificultades que enfrentan algunos equipos internacionales en terreno. Francisco Lermanda, líder de Topos Chile, relató a un medio online de Venezuela que durante el intento de rescatar a un adolescente atrapado entre losas necesitaban realizar una consulta médica mediante una videollamada para evaluar el riesgo de liberar a la víctima. Sin embargo, según denunció, un militar venezolano les quitó el teléfono bajo la sospecha de que las imágenes podrían utilizarse para realizar labores de espionaje.

El episodio, afirmó Lermanda, muestra del ambiente de desconfianza con el que han debido trabajar algunos grupos extranjeros. A su juicio, la respuesta a la catástrofe terminó excesivamente “politizada y militarizada”, desplazando las decisiones técnicas que, en este tipo de emergencias, suelen recaer en los especialistas en búsqueda y rescate.

Lermanda incluso sostuvo que algunos oficiales manifestaron sospechas respecto de que equipos internacionales pudieran aprovechar la emergencia para desarrollar tareas de inteligencia, percepción que, asegura, ha obligado a restringir desplazamientos y condicionado varias operaciones de búsqueda.

Sus declaraciones generaron repercusiones porque coinciden con el momento más crítico de las labores de rescate, cuando cada hora puede marcar la diferencia para localizar sobrevivientes.

Desde el gobierno, sin embargo, evitaron entrar en esa controversia. Pavez señaló que Chile debe actuar con respeto frente a las decisiones adoptadas por las autoridades venezolanas y reiteró en la entrevista radial que el foco está puesto en respaldar el trabajo de los bomberos nacionales que permanecen desplegados en una de las zonas más complejas del desastre.

En paralelo, continúa la labor para identificar y asistir a los chilenos afectados por la tragedia. Hasta ahora, Cancillería ha confirmado la muerte de cuatro compatriotas, todos residentes en Venezuela desde hace años y con familias establecidas en dicho país.

De los cuatro decesos, solo se conoce el nombre de Héctor Riquelme Cofré, quien falleció junto a su nieta, de ocho años, y de Erika Ramírez Möller.

La ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela limita las gestiones consulares y obliga a trabajar con una representación reducida para contactar a las familias y coordinar la ayuda disponible. Según indican, esto ha dificultado cualquier celeridad en la ayuda y búsqueda de chilenos y chilenas afectados por el terremoto.

Con el plazo de la misión avanzando y las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyendo con el paso de las horas, el operativo chileno entra en una etapa decisiva. A menos que Caracas cambie su postura y solicite apoyo adicional, los bomberos que hoy trabajan en La Guaira serán el único contingente de rescate que Chile enviará a la emergencia.