La olla que desatapó la Contraloría General de la República con su informe, donde reveló que 25.078 funcionarios públicos hicieron mal uso de licencias médicas, sigue abriendo nuevos antecedentes día a día. En ese marco el Ministerio de Hacienda y Dipres entregaron un primer balance de sumarios por mal uso de licencias médicas en el sector público.

En el balance los Ministerio de Educación y Salud ocupan el primer lugar entre los casos y los funcionarios sumariados. En el primer caso son 3.381 funcionarios que aparecen en la lista de la Contraloría y 3.381 los que serán sumariados, mientras que en el caso de Salud son 2.193 los funcionarios que aparecen y 2.082, los sumariados.

De esta manera, hasta las 21:00 horas del lunes 26 de mayo, 131 instituciones del gobierno central ya habían iniciado procesos sumariales, lo que incluye a todos los ministerios.

De esta manera del total de casos informados públicamente por el ente contralor, 12.503 corresponden al gobierno central, lo que equivale al 33% de las situaciones detectadas y a 7.990 funcionarios. Cabe recordar que los casos pueden implicar más de una licencia por persona.

De ese total, en el gobierno central se ha iniciado sumario a 6.592 funcionarios. La diferencia con la cifra total de 7.990 se explica principalmente porque hay 1.102 personas que ya no están trabajando en las instituciones públicas involucradas, mientras que hay al menos 272 casos que ya se encontraban en sumario por esta u otra causa.

Los 1.102 exfuncionarios, explicaron las autoridades, no salieron necesariamente por una renuncia; pueden haberlo hecho por cese de funciones o por destituciones anteriores a esta coyuntura.

En tanto, para el 100% de los casos investigados a nivel de gobierno central se debe aplicar sumario administrativo y la cifra de sumarios no incluye a las municipalidades ni incluye a las Fuerzas Armadas y de Orden.

Este primer balance de los reportes realizados por los servicios, se puede inferir que 1 de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022, mientras que 9 provenían de años anteriores.