El próximo 11 de marzo el Presidente electo José Antonio Kast (Rep) asumirá el mando con una tarea -una de las prioritarias- en los próximos cuatro años: controlar el problema de la inmigración.

Y es que no solamente fue uno de los principales temas durante la campaña, sino que también es una de las más grandes preocupaciones a nivel país: la encuesta del Centro de Estudios Público (CEP) la sitúa como la sexta preocupación de los chilenos.

El país que recibe el futuro Mandatario ha registrado varios cambios en términos numéricos respecto del fenómeno migratorio en comparación a cómo estaba Chile el 11 de marzo del 2022 cuando asumió el Presidente Gabriel Boric.

Hoy la realidad es distinta y si bien los análisis estadísticos han cambiado, también lo han hecho los discursos políticos, con una derecha -que ahora será oficialismo- más endurecida y una izquierda que ha variado el tono respecto del tema, abriéndose a profundizar aspectos legales, lo que hace que para expertos como Pilar Lizana haya un escenario más propicio para abordar estas medidas.

Más que antes

El Chile que recibe Kast está marcado por un aumento de la cantidad de extranjeros en el país. Según el Servicio Nacional de Migraciones y en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la estimación más actualizada de extranjeros que se puede hacer es al 2023, la que llegó a una población de 1.918.583 personas, habiendo aumentado un 4,5%, incrementándose la población en 82.446 individuos desde 2022. Estas mismas estimaciones hablan de que la población irregular estimada aumentó de 291.149 casos el 2022 a 336.984 en 2023, un 15,7% adicional.

Pero los números también tienen peso ciudadano y político, desde mayor presencia de otras costumbres hasta más extranjeros habilitados para votar en el padrón del Servicio Electoral (Servel): hoy son 885.940, mientras que para el 2022 eran 514.628, lo que representa un aumento de 72,1%.

Si se miran las residencias temporales -las que permiten establecerse en Chile por un periodo limitado- solamente considerando las otorgadas, las mismas registran una baja a casi la mitad, tras pasar de 251.171 a 138.595 al primer semestre del 2025 (en 2024 fueron 142.023 en total).

Las residencias definitivas, en tanto, el 2022 fueron 93.827, llegaron a 133.726 en 2024, y al primer semestre de este año alcanzaron 45.421.

Otro dato revelador es la cantidad de denuncias de ingreso por pasos no habilitados, que descendió de 53.875 casos el 2022 a 29.269 el 2024, y 22.883 hasta noviembre de 2025. Además, las expulsiones administrativas aumentaron de 946 casos el 2022 a 12.463 en 2024.

En cuanto a financiamiento, también hubo cambios con un Servicio Nacional de Inmigraciones que contaba con un presupuesto de $33.222.304.000 a 2022, que pasó a ser un 22,1% menos, llegando a $25.862.016.000 en el proyecto de Presupuesto 2026.

En seguridad las cifras relativas a extranjeros no son positivas. Según el reporte de secuestros de la Fiscalía Nacional, en 2024 el 25% de los casos involucran al menos a un extranjero, lo que representa un incremento de diez puntos porcentuales respecto de 2022 (15%). En el reporte anual sobre homicidios del mismo periodo, también del Ministerio Público, los extranjeros imputados conocidos de homicidios aumentaron desde 136 en 2022 a 234 en 2024, es decir un poco menos del doble.

A noviembre 2025 las personas privadas de libertad extranjeras representaban un 16% del total de la población penal.

La apuesta de Kast

El Mandatario electo ha sido enfático en señalar que su apuesta en materia de inmigración será la mano dura. Ha recalcado que no habrá un proceso de regularización de los 330 mil inmigrantes irregulares actuales, y los ha invitado a salir del país en una especie de cuenta regresiva antes de que asuma el mando, lo que, por cierto, le generó flancos. Además, su propuesta ha generado otras críticas y cuestionamientos, pues ha dicho que una vez que llegue al gobierno los propios inmigrantes deberán pagar su pasaje de salida, lo que ha planteado dudas por la factibilidad.

Kast además ha propuesto un corredor humanitario para favorcer la salida de extranjeros irregulares, pero también ha sido cuestionado por no haber aclarado cómo se resolverían los conflictos internacionales con países que no estén dispuestos a recibir inmigrantes, como ocurrió con Perú hace algunos días. Él ha dicho que habrá “centros de refugio” para esas personas hasta que los gobiernos decidan qué hacer con sus compatriotas.

También ha hablado de establecer barreras, muros de 5 metros y zanjas de 3 metros en las zonas fronterizas, así como torres de vigilancia, cercos eléctricos y drones con reconocimiento facial. Y además ha dicho que los irregulares no podrán acceder a ningún beneficio social mientras estén en Chile, deslizando también que los padres extranjeros con hijos chilenos deberán optar por irse o ser separados. Otras propuestas suyas apuntaban a darle un mayor rol a las Fuerzas Armadas en el control fronterizo.

El exjefe de extranjería del segundo gobierno de Michelle Bachelet y académico de la U. Central, Rodrigo Sandoval, dice que “el gobierno de Kast asume en un escenario de presión y expectativa ciudadana y política por resultados rápidos, concretos y visibles, y en un clima que, pese a un presupuesto más estrecho, empuja a endurecer de modo efectivo y el control migratorio y a restringir las oportunidades de integración”.

En ese sentido, sostiene que “tanto en el deficitario saldo de la administración Boric como en la aún imprecisa y cuestionable promesa de Kast, el foco ha estado puesto en el control y las expulsiones, ámbitos donde la capacidad de incidencia real del Estado es limitada. El gran déficit de ambos, y lo que impide mirar con optimismo lo que viene, es que quedan fuera los únicos factores capaces de producir transformaciones sostenibles: abordar las causas estructurales del ingreso clandestino y definir condiciones claras y estables para los migrantes en situación irregular que ya residen en Chile. Mientras estos frentes permanezcan fuera de la agenda, cualquier gobierno seguirá administrando efectos más que gobernando las causas reales”.

El académico de la U. de Atacama, Planck Barahona, dice que el escenario está en peores condiciones que antes. “La inmigración irregular ha aumentado y eso es debido a los problemas en Venezuela. Ahora con la amenaza de Donald Trump de una posible invasión a Venezuela se ha observado un cierto temor de un éxodo masivo venezolano. El problema migratorio no es un problema local, es un problema latinoamericano. Esto se tiene que resolver con políticas de Estado y en colaboración con los países limítrofes como Perú y Bolivia”.

La académica de la U. de Tarapacá, Carolina Stefoni dice que “la situación no es ni peor, ni mejor. Es distinta. Hoy día está instalado en la opinión pública a la inmigración como un problema”.