Una vez más el juicio contra los presuntos responsables de la tragedia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que cayó rumbo a la Antártica dejando 38 víctimas fatales el 9 de diciembre de 2019, debió reprogramarse. Esto, luego de que el abogado que representaba a dos de los acusados, Jorge Martínez, renunciara al patrocinio.

La determinación del abogado fue comunicada a sus entonces clientes, Fernando Mondaca y Joaquín Urzúa, y al tribunal la jornada del domingo 1 de marzo, a menos de 24 horas de que se dieran los alegatos de apertura del proceso, lo que generó amplia sorpresa y descontento entre los diferentes intervinientes.

El punto se abordó de manera obligada en la audiencia que estaba programada para las 8.30 horas de este lunes, instancia en que el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, el abogado que representa a los familiares de las víctimas, Cristián Arias, y también las defensas, solicitaron se sancione a Martínez con la suspensión del ejercicio de la profesión por hasta 60 días.

Dadas las circunstancias, de todas maneras, el Tribunal Oral de Punta Arenas -integrado por los jueces Guillermo Cádiz, Rosana Vidal y Julio Álvarez- no tuvo mayor espacio y debió reprogramar el inicio del juicio para el próximo lunes 9 de marzo.

¿Pero qué hay detrás de la determinación de renuncia de Martínez? De acuerdo con un escrito que presentó al tribunal y al cual La Tercera tuvo acceso, su decisión se funda en que en los próximos días deberá acompañar a importantes diligencias al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y a los exdirectores Ricardo Yáñez y Mario Rozas, en el marco de la causa que dirige el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, por delitos de lesa humanidad vinculados al estallido social del 18 de octubre de 2019. Ejercer ambas representaciones, como dijo, se le haría inviable.

“El jueves de la semana pasada el fiscal regional de Antofagasta dispuso la citación personal del actual General Director de Carabineros, y de los ex generales don Mario Rozas y Ricardo Yáñez para ampliar sus declaraciones anteriores prestada en esta causa donde se investigan supuestos crímenes de lesa humanidad ejecutadas según la imputación por miembros del alto mando de Carabineros de Chile, entre el día 19 de octubre de 2019 y el día 30 de marzo del año 2020″, expresó Martínez en su presentación.

Junto con ello, agregó que “estas causas (junto con otra donde los funcionarios policiales también son indagados), la preparación de estas declaraciones y el tema de la citación no son solo del más alto interés institucional, sino que compromete las actuaciones del Poder Ejecutivo de la época, que en la época del mal denominado estallido social ejercía don Sebastián Piñera Echeñique (Q.E.P.D.) a través de ex ministro del interior don Andrés Chadwick. Las citaciones fueron cursadas para los días 11 y 12 de marzo próximo, lo que implica cumplir con mis obligaciones contractuales, tener diversas reuniones de defensa y exclusividad en la defensa de los intereses institucionales y del general director”.

Sinceró, de igual forma, que por contrato y a solicitud del actual mando de Carabineros “mi intervención en estas defensas es requerida, no solamente porque existe una convención que así lo señala, sino por los conocimientos personales de estos asuntos y mi conocimiento a nivel de magíster de la temática del derecho penal internacional en la Universidad de Heidelberg”. Por otro lado, mencionó que el contrato que lo ligaba a los acusados en la causa del Hércules C-130 ya había terminado en diciembre del año pasado.

Así, Martínez también explicó otros detalles: “Como la comparecencia de los generales Rozas y Yáñez se hará en Antofagasta luego del cambio presidencial, y el día 12 de marzo para el General Director, para mí resulta materialmente imposible, responsablemente asumir la defensa de los generales Mondaca y Urzúa, pues durante los meses de marzo y abril deberé efectuar gestiones de defensa, comparecencias en la ciudad de Antofagasta”.

Al cierre, además, hizo presente que “mis lazos contractuales y afectivos con Carabineros de Chile solidificado a través de los años (2019-2016), la materia del asunto Lesa Humanidad, que es de trascendencia país, me hacen tener claro dónde se encuentra mi deber profesional el día de hoy”.

¿Justificación ficticia?

Jorge Martínez debió argumentar su renuncia ante el tribunal. Sin embargo, para intervinientes en la causa, como el abogado Nicolás Oxman, quien representa a otros acusados y quien también tiene representación en la causa por los delitos de lesa humanidad aludida, las explicaciones que se dieron no son del todo creíbles.

“Esta es una situación absolutamente impresentable, donde el señor Martínez renunció intempestivamente a una defensa que estaba coordinada para la realización de un juicio oral, argumentando la existencia de una causa que lleva actualmente la Fiscalía Regional de Antofagasta, y diciendo que esas eran razones prioritarias, en circunstancias que yo también tengo patrocinio en esa misma causa, conozco los antecedentes de esa investigación y si bien podrían existir diligencias que se fuesen a practicar durante el mes de marzo, todas esas diligencias eran perfectamente delegables y podría eventualmente reprogramar esas declaraciones si es que existiesen”, sostuvo.

Pero Oxman, como expresó en conversación con La Tercera, duda de que se haya oficializado la realización de esas diligencias. “A mí no me consta que exista efectivamente lo que él está argumentando en su presentación, y por otro lado, si efectivamente lo que él dice fuese cierto, la verdad es que no puede exponer los antecedentes de una causa como justificación para renunciar intempestivamente a un juicio oral”.

“Yo acompañé al tribunal los antecedentes que dan cuenta que yo pertenezco a la nómina de abogados externos de Carabineros, y en ese sentido puedo dar cuenta de lo que él señaló en su presentación, tanto escrita como sus alegaciones orales, falta por completo la verdad”, agregó en referencia a la interpelación que le hizo Martínez durante la audiencia.

Oxman asumió la defensa de los acusados que eran representados por Martínez, pero estos también quisieron dejar registro de su molestia ante el tribunal.

Por medio de un escrito que ingresaron la tarde del domingo 1 de marzo, Urzúa y Mondaca expresaron que “el abogado Martínez tuvo tiempo suficiente para haber manifestado su disconformidad o la existencia de impedimentos que le imposibilitara cumplir con su labor profesional, para así poder facilitar la labor de otros defensores de confianza que pudieran preparar a tiempo y con la debida antelación nuestra defensa técnica. Sin embargo, esperó hasta último momento para renunciar a la defensa, no tuvo la deferencia de contestar nuestros llamados y se limitó a enviar un correo que contenía escasos e insuficientes antecedentes para cumplir con la labor a delegar la función en otro profesional".

Esto, cabe hacer presente, será considerado a la hora de definir la sanción que se aplicará contra Martínez por su determinación.

La Fiscalía y las víctimas

En atención a lo ocurrido durante la jornada, el fiscal Crisosto manifestó su profunda “desazón”, pues como dijo, no es la primera vez que el abogado Martínez había buscado concretar ciertas dilaciones en el proceso.

“Hay precedentes, ya han existido diversas dilaciones promovidas por el mismo abogado de defensa que ahora renunció y es por eso que manifestamos nuestro descontento, incluso nuestra indignación. Aquí hay 38 familias que están esperando con ansias y con mucha esperanza el inicio de este juicio y es por eso que les manifestamos nosotros, redoblamos nuestro compromiso de poder continuar adelante con este juicio que ahora, lamentablemente, va a tener que partir a partir del lunes 9 de junio. La Fiscalía ha solicitado expresamente que se le sancione con la suspensión del ejercicio de la profesión de abogados por el máximo legal, puesto que esto no solamente afecta a las víctimas, afecta a la organización del Tribunal, afecta a los clientes, afecta a la Fiscalía y afecta al funcionamiento del sistema de justicia”, sostuvo el persecutor.

Por su parte, el representante de familiares de las víctimas, Cristián Arias, expresó: “Es una conducta vergonzosa de la defensa, renunciar intempestivamente provocando que no se pueda iniciar la última fase de este largo proceso que han debido soportar las víctimas en múltiples instancias judiciales y no judiciales, que han comparecido a todas las instancias durante seis años y este iba a ser el inicio de posiblemente una de las últimas etapas para que se les explique qué ocurrió”.

Con respecto al desarrollo del juicio, Arias indicó que hay elementos suficientes para establecer la culpabilidad de los acusados. “Es claro que se trata de un caso de responsabilidad penal, los acusados de este juicio son responsables de la muerte de 38 personas, son responsables porque las causaron con el cumplimiento de sus deberes de cuidado respecto de la seguridad del vuelo que se siniestró. El vuelo no se siniestró por algo fortuito, fue porque no hubo las mantenciones adecuadas”, manifestó.