La indagación que sigue la Fiscalía de Coyhaique contra el diputado Miguel Ángel Calisto (ind. Demócratas) por fraude al Fisco avanzó con total reserva hasta que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) comunicó que ingresó una querella contra el parlamentario y tres de sus colaboradores.

Acto seguido, el Ministerio Público pidió su desafuero, exponiendo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique el entramado que habría trazado el otrora democratacristiano y aspirante al Senado para apropiarse de fondos públicos que debían estar destinados a asignaciones parlamentarias.

Los antecedentes, según falló el lunes el tribunal de alzada de Coyhaique, fueron considerados suficientes para acoger el desafuero, pues no solo se estableció que dineros del Congreso se pagaron a una funcionaria que no habría realizado labores relacionadas con la gestión del parlamentario, sino que según la Fiscalía él mismo se benefició directamente de la triangulación.

Del fallo de la Corte de Coyhaique -que será objeto de apelación por parte del abogado de Calisto en la Corte Suprema- se desprende que Calisto se habría concertado con sus amigos de confianza Roland Cárcamo, funcionario del Servicio de Salud de Aysén y quien había sido su jefe de campaña en la elección de 2017, y con Carla Graff, profesora diferencial y pareja de Cárcamo, y así obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco.

Para ello, se lee en la sentencia de 15 páginas a la que accedió La Tercera, se contrató a Graff entre 2018 y 2022 como asesora parlamentaria, pese a que ella no cumpliría con ninguna de las obligaciones contratadas. Según el Ministerio Público, recibió $103.664.697 sin desarrollar, escribir o entregar al parlamentario ningún estudio referido a las materias estipuladas en la contratación ni lo apoyó en otras materias o en terreno.

En el desafuero la Fiscalía agregó que esa plata se habría utilizado para distintos objetivos. Entre ellos, fue a parar a las cuentas de otro cercano a Calisto: Felipe Klein -que habría renunciado a la DC-, quien apostó por convertirse en gobernador regional de Aysén en las elecciones primarias de 2020 y en los comicios de consejeros regionales de 2024.

¿Cómo se dividieron los dineros?

En base a los antecedentes contenidos en los informes periciales contables elaborados por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, la Corte de Coyhaique estableció que, durante el periodo investigado, Graff -que por sus labores había recibido más de $100 millones- hizo una serie de transferencias desde su cuenta corriente del Banco BCI directamente a Calisto por al menos $10.199.316.

“Se suma a ello el traspaso o transferencia de variadas cifras dinerarias percibidas por la aludida, según la pericia policial contable ya descrita, algunas de las cuales evidencian un abultado importe total y en época coincidente con el periodo averiguado, sin perjuicio de precisar su importe, en beneficio directo del propio diputado Calisto Águila, de Campusano Urbina, acreedor de una deuda por adquisición de una parcela por aquel”, agrega la sentencia. El monto adeudado de la parcela fue de $9.700.000.

También la Fiscalía expuso que se registraron traspasos a Cárcamo por la suma de $50.912.512 y en favor de Klein por un total de $34.164.589. En ese último punto, el ente persecutor hace presente que Klein había participado, entre 2020 y 2021, como candidato a gobernador y consejero regional, respectivamente.

Ni rastro de su trabajo

En el fallo, además, se hace presente que en medio de su declaración ante los fiscales, Graff intentó dar cuenta de las gestiones que supuestamente desarrollaba, aunque la Corte de Coyhaique desestimó sus descargos.

“Las asesorías y múltiples labores antes referidas, según se desprende del propio tenor de las declaraciones de la señora Graf no fueron satisfechas, ya que se aduce a la realización o recepción de indicaciones básicas efectuadas por WhatsApp o teléfono, a lo que se suma la inexistencia de reportes detallados o de constancias de desempeño, que acrediten la realización de las tareas comunicadas, habiéndose prevalido para justificarlas de frases de estilo de orden genérico o de expresiones tipo, a la hora de dar cuenta de ellas en los informes emitidos ante el comité pertinente de auditoría del Congreso Nacional", se lee en la sentencia.

El celular que supuestamente habría tenido mayor información respecto de su trabajo, según Graf, lo extravió. “La señora Graf, al ser consultada con fines investigativos, declaró ante la Fiscalía haber extraviado el teléfono móvil que poseía, mientras se comprobó, asimismo, que el diputado investigado no contaba entre el listado de sus contactos con el número de la referida asesora”, consigna la sentencia.

Igualmente, se detalla que mientras tenía contrato con el Congreso, la profesora también se desempeñaba en el Colegio Alianza Austral. Entre marzo de 2019 y marzo de 2022 fue profesora de educación diferencial y estuvo bajo una jornada laboral de 40 horas semanales.

Asimismo, se relevó que de un total de siete testigos que declararon en la investigación -quienes testificaron haber sido parte del equipo de trabajo del diputado, o bien prestar o haber prestado servicios en beneficio de él- al menos cuatro manifestaron no conocer a Graf o no haberse relacionado con ella laboralmente. Entre los consultados, según el informe policial N° 622/419, estuvieron Rodrigo Jara, Melisa Martínez, Erick Araneda y Gely Hernández.

Por su parte, Marisol Fernández, quien se desempeña como secretaria del diputado, declaró que jamás vio en el Congreso a Graf y que suponía que trabajaba en terreno con él por algún informe recibido de su parte. Además dijo haberla visto vía telemática una sola vez en período de pandemia. Descartó que fuera la segunda de a bordo en el equipo de colaboradores.

Por todo ello, el tribunal de alzada de Coyhaique concluyó que existen “elementos de juicio bastantes respecto de la posible participación del indagado en el mismo, se hace plausible hacer lugar a la formación de causa en relación con el diputado Calisto Águila”.