Durante el fin de semana los teléfonos de Camila Merino (Evópoli) y Felipe Alessadri (RN), alcaldes de Vitacura y Lo Barnechea, respectivamente, recibieron sendos llamados. Del otro lado del teléfono, en ambos casos, estaba la misma persona: Catalina San Martín (ind.), edil de Las Condes, y el motivo de la comunicación era tan simple como complejo: las “múltiples irregularidades” detectadas por Contraloría en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), que hasta 2024 reunía a los tres municipios ya mencionados.

La pesquisa del ente fiscalizador cubrió el período en que la AMZO fue presidida primero por Joaquín Lavín, entonces alcalde de Las Condes, y posteriormente por Daniela Peñaloza. En el directorio figuraban Merino y Cristóbal Lira, alcalde de Lo Barnechea. Pero la auditoría también incluyó hechos ocurridos bajo las gestiones de Raúl Torrealba en Vitacura y Felipe Guevara en Lo Barnechea.

Y aunque algunos de los involucrados hicieron sus descargos y con ello no todos los hechos que aparecieron en la indagatoria fueron enviados al Ministerio Público, lo cierto es que la mera publicación del informe hoy por hoy es motivo de preocupación en los municipios que otrora conformaron la AMZO, con alcaldes que ahora tienen que hacerse cargo de un problema, dicen, “heredado”, sobre todo en el caso de Las Condes, el principal apuntado por Contraloría, con dos alcaldes -De la Maza y Lavín- en la mira.

Por ello, a su vez, San Martín es la principal interesada en un paso adelante de los municipios. En su entorno señalan que para ella es necesario marcar que aquí se va a “limpiar la casa” de todo lo heredado. Sea de quien sea.

Y es que uno de los focos principales del informe es el proyecto “Reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada”, al que se destinaron $1.348.615.730. Según Contraloría, “dicho proyecto no fue finalizado, a pesar de que se encontraba en sus últimas etapas”, lo que “no se ajusta a lo establecido en el artículo 2° de los estatutos de la AMZO y transgrede el principio de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos”.

Hechos como ese provocaron la llamada de San Martín a sus pares. Y es que si bien cada municipio está actuando como estime conveniente tras el informe de Contraloría, está la idea de ejecutar una reunión tripartita (se debería llevar a cabo en las oficinas de Lo Barnechea) que involucre dos temas en particular para atacar esta crisis.

El primero es analizar si es necesario reimpulsar los proyectos cuestionados por no haberles dado ejecución, bajo la fórmula de coordinar a los equipos de cada municipio, o, simplemente, desechar los proyectos. Por ejemplo, sobre el proyecto vial inconcluso hay una idea más o menos consensuada de que es innecesario y que la autopista AVO cumple con esas necesidades.

Lo segundo es impulsar una querella o algún tipo de denuncia en contra de las administraciones pasadas.

Sin embargo, en el entorno de Vitacura, donde Merino fue parte del directorio de la AMZO en alguno de los períodos cuestionados sin estar directamente vinculada con las irregularidades, no están del todo convencidos con una querella, puesto tienen el ejemplo reciente del caso Torrealba, donde terminaron excluidos del proceso judicial.

En Lo Barnechea, en tanto, el equipo jurídico está revisando en profundidad el informe y han decidido ponerse a disposición de todo lo que se requiera.