Seis extranjeros fueron detenidos en el marco de los desórdenes que se generaron el pasado domingo 18 de octubre en medio de manifestaciones convocadas por el aniversario del estallido Social.

Se trató de los ciudadanos peruanos Raúl Yupanqui, Reynaldo Abad y Víctor Diestra, de los haitianos Ives Dossous y Jean Claydy, y del venezolano Isario Barreto. Todos contra quienes el Presidente José Antonio Kast apuntó en duros términos, anunciando serias medidas.

A través de su cuenta en X, el Mandatario manifestó: “No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público”.

Luego agregó que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones (Sermig) para que usen todas las herramientas legales y administrativas para expulsar del país a los migrantes que fueron sorprendidos participando de los desmanes.

Tras ello el director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum (RN), confirmó que se están haciendo todos los trámites para revocar las residencias de los detenidos. Esto porque todos salvo Barreto ingresaron al país de forma legal y mantenían condición regular. De hecho, tenían residencia definitiva.

“No se puede permitir este tipo de situaciones y así como en su momento fueron sacados aquellos que provocaron desórdenes en marzo pasado o en la marcha del 1 de mayo, ahora se hará lo mismo. Aplicaremos mano firme con todos aquellos que vengan a alterar el orden público”, sostuvo a su turno el director.

De acuerdo con la normativa, el director del Sermig tiene atribuciones para revocar la residencia de una persona que haya ejecutado “actos que las leyes chilenas califiquen como delitos contra la seguridad interior o exterior, o la soberanía nacional”. Por lo mismo, por estos días la autoridad trabaja en los decretos pertinentes para materializar la disposición.

Una vez que dichos documentos estén visados, será el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), quien sellará los decretos que dispondrán la expulsión de los seis extranjeros.

Habitualmente, como explican desde el gobierno, luego de los procedimientos de revocación de residencia se da una periodo a la persona para que abandone el país en 15 días. Sin embargo, en esta oportunidad aquello no corre, procediendo a la expulsión inmediata de la persona, como lo permite el artículo 132° de la Ley de Migraciones en atención a razones fundadas.

Aquello no exime, eso sí, a la realización de los procedimientos ordinarios que deben cumplirse en el marco de expulsiones. La persona en cuestión debe ser debidamente notificada, tiene opción de apelar y de que, eventualmente, se revierta la determinación.

Por tanto, los plazos para que se ejecuten las expulsiones de los implicados en los desórdenes del 18-O son variables y dependen de que se completen cada uno de esos pasos.

Aunque de todas maneras desde el gobierno recalcan que se están haciendo todas las labores para concretar lo dispuesto por el Presidente Kast lo antes posible. La expectativa del Ejecutivo es que eso pueda ocurrir durante la próxima semana.

En este proceso no se aplican las nuevas disposiciones que recientemente fueron aprobadas por el Congreso para agilizar procesos de expulsión. Dichas modificaciones fueron recién despachadas a ley, deben pasar aún por el control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional para luego publicarse y promulgarse.

“La cultura del orden”

Respecto de las medidas que se están aplicando, el subsecretario Pavez asegura a La Tercera que están actuando en base a razones fundadas vinculadas con la seguridad del país.

“Para restablecer la cultura del orden, es fundamental aplicar la ley con sentido de urgencia y con mucho carácter. Al igual que lo hicimos por primera vez en el mes de abril, cuando se expulsó a un ciudadano argentino detenido por desórdenes públicos en el contexto de manifestaciones, el gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, va a utilizar la atribución del artículo 132 de la Ley de Migraciones, que establece que por razones de seguridad interior, el subsecretario del Interior puede determinar por resolución fundada la expulsión de una persona”, comenta Pavez.

“Para el gobierno es inaceptable que extranjeros, incluso teniendo residencia, utilicen o estén en nuestro país causando desórdenes públicos y atentando contra el orden público”, añade el subsecretario.

“De esta forma, la señal que quiere dar el gobierno es que vamos a aplicar la ley con decisión, carácter y vamos a expulsar a las personas que siendo extranjeras, regulares o incluso teniendo residencia, cometan desórdenes públicos. Y para eso estamos trabajando junto al Servicio de Migraciones, porque eso es lo que nos ha pedido el Presidente de la República y el Ministro del Interior”, explica el subsecretario.