Quienes conocieron de la causa dicen que la Brigada de Investigaciones Policías Especiales (BIPE) de la PDI trabajó por once días de manera ininterrumpida en la ciudad de Valdivia para entregar resultados.

La misión era clara: dar con los responsables del ataque que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el 8 de abril en la Universidad Austral (UACh). Ese día, en horas de la mañana, la secretaria de Estado llegó hasta esa casa de estudios para inaugurar el año académico. Sin embargo, la visita de Lincolao no salió como se esperaba. Un grupo de estudiantes las emprendió contra ella, lanzádole agua, empujándola y gritándole varios epítetos. Debió ser sacada de emergencia por un PDI y un funcionario de Armada que asistieron al evento.

Durante esos días, los detectives revisaron cámaras y tomaron varias declaraciones de testigos, entre ellas la del rector de la Universidad Austral, Egon Montecinos, quien esa mañana habría impedido el ingreso de Carabineros con la finalidad de que el alboroto se resolviera internamente. Pero su idea no resultó.

En horas de la madrugada de este lunes, la PDI detuvo a tres estudiantes por su presunta responsabilidad en los hechos. Se trata de Pablo Vásquez Burgos, estudiante de Bioquímica; Joaquín Monje Sazo, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, y María Madariaga Jesús Rojas, estudiante de Antropología.

Para la policía era fundamental revisar qué acción cometió cada uno de los imputados. Asimismo, sostienen que las detenciones se materializaron sin perjuicio de que pueda haber otras en los siguientes días. Pero los protagonistas del ataque, comentan las mismas fuentes, ya están detenidos.

Los sujetos y el delito

La policía estableció que Madariaga fue quien arrojó agua a la ministra con una botella, mientras que los otros dos agredieron al personal policial y de la Armada. Posteriormente, golpearon el vehículo en el que Lincolao fue evacuada.

Todos los detenidos se encontraban en sus casas al momento de las detenciones, indicaron fuentes de este medio, y no hubo resistencia.

Madariaga (25), oriunda de Valparaíso, cuenta con un historial relacionado a las manifestaciones. Quien fuera presidenta de la Federación de Estudiantes de la UACh en Valdivia, en 2023 lideró el pañolazo, una marcha de mujeres, y es considerada una “activista feminista”. Ha liderado distintas manifestaciones estudiantiles en la zona, dicen fuentes de este diario. Nunca había sido detenida. Entre los tres detenidos, es “la más conocida” dentro de la universidad.

La fiscal Alejandra Anabalón imputará el delito de atentado contra la autoridad en una audiencia que estaba programada para partir a eso de las 13.00 h. En conocimiento de que la pena del ilícito es baja, menor a la de crimen, y que los imputados cuentan con irreprochable conducta anterior, la persecutora no pedirá la prisión preventiva para los detenidos.

Esa decisión es distinta a lo que hará el gobierno en su calidad de querellante a lo que solicitará el Ministerio de Seguridad, parte querellante en la causa. “El Ministerio de Seguridad interpuso una querella, vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de hoy con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados”, dijo la ministra Trinidad Steinert en la mañana. Para pedir la prisión preventiva, dicen desde el Ejecutivo, resultaron clave las lesiones con las que resultó Lincolao ese día: una herida en su cabeza y otra en un brazo.

“Como gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia”, expresó Steinert. La ministra Lincolao, por su parte, afirmó que “este caso es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no”.

“Nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas”, dijo por su lado la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

Arriesgan ser expulsados

En paralelo a la investigación penal, los tres detenidos son objeto de una investigación que está haciendo la universidad según su reglamento interno.

Como máxima medida, dicha indagatoria podría terminar con la expulsión de los estudiantes. La Superintendencia de Educación Superior está haciendo seguimiento del caso, y tiene programada una visita de fiscalización en los próximos días.

La universidad, además, está revisando los protocolos de seguridad y reforzando los sistemas de vigilancia. Entre las iniciativas que la Universidad Austral tiene sobre la mesa está incorporar un plan de fortalecimiento de convivencia y actualizar el reglamento de derechos y deberes de los estudiantes.