Dos fueron las apelaciones que finalmente se presentaron en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que, acogiendo un recurso de amparo presentado por su defensa, declaró ilegal la interceptación del celular de la psiquiatra Josefina Huneeus, en el marco del caso ProCultura.

El primero de ellos fue ingresado por el abogado que representa a la UDI, Pablo Toloza, y quien interpuso una de las primeras querellas en esta arista del denominado caso Convenios o Líos de Platas. Y el segundo lo presentó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, a quien el fiscal nacional Ángel Valencia reasignó la investigación tras la remoción de Patricio Cooper.

Fue durante la tarde del pasado viernes 23 de mayo que la Primera Sala del tribunal de alzada nortino admitió ambas acciones y remitió los antecedentes a la Corte Suprema, que ahora deberá zanjar la disputa.

Es que a pesar de la dura resolución que emitió el tribunal de segunda instancia respecto a la medida intrusiva que afectó a la exesposa de Alberto Larraín, tanto el querellante político como la Fiscalía apuntan a que el máximo tribunal revierta la determinación o que al menos elimine parte de las argumentaciones de los magistrados, como solicitó Castro Bekios.

De esta forma, la Segunda Sala de la Suprema conocerá de ambos durante la próxima semana. En concreto, durante la jornada del lunes 2 de junio.

Y a pesar de que algunos han apuntado a que el Ministerio Público sería poco optimista respecto de los resultados a obtener, en Antofagasta aseguran que el fiscal regional pondrá “todas sus fichas” para revertir el escenario.

Eso sí, aún no es claro que sea el mismo Castro Bekios quien alegue en la oportunidad. De acuerdo con quienes han conocido de las definiciones, se está analizando “quién es el mejor jugador” para defender la medida intrusiva solicitada por Cooper. Si bien podría ser el persecutor, también podría ser otro integrante de su equipo o alguno de los directivos de la Fiscalía Nacional, como Pablo Campos, titular de la Unidad de Recursos Procesales.

“Acá no se debate el fondo del asunto, sino la aplicación de una medida intrusiva, y por eso estamos buscando que quien alegue sea el más preparado en esa materia”, comentaron fuentes del Ministerio Público.

La preparación de Castro Bekios

El viernes 16 de mayo el fiscal Juan Castro Bekios recibió la notificación de que tendría que tomar la indagación por ProCultura. Y desde ese día comenzó las coordinaciones con su par de Coquimbo, Patricio Cooper, para el traspaso de la causa.

Esos trámites, eso sí, aún no han culminado. De acuerdo con quienes han conocido del proceso, Antofagasta aún no recibe todos los archivos vinculados a la indagatoria y que, en suma, superan las 100 mil fojas. Por lo demás, aseguran las mismas fuentes, hay documentos y pruebas que se deberán entregar físicamente. No todos son archivos digitales.

Así, el persecutor ha ido a avanzando de a poco en la revisión de los mismos, aunque ya tomó las primeras determinaciones. Nombró a Eduardo Ríos y Cristián Aguilar como fiscales de apoyo para que lo asistan en la investigación, dada la magnitud de la misma.

Está a la espera, además, de otros recursos humanos que le destinará la Fiscalía Nacional.

Y a pesar de que ya se empoderó de la causa, aún está pendiente un nuevo encuentro con Cooper y su equipo, donde se espera que el fiscal regional de Coquimbo indique cuáles eran las hebras e hipótesis que seguía, para así agotarlas y, eventualmente, plantear nuevos caminos a pesquisar.

Trámites previos

A mediados de la semana pasada, Alejandro Awad, abogado de Josefina Huneeus, intentó sin éxito que la Corte de Apelaciones de Antofagasta desestimara la presentación de Pablo Toloza. A juicio del abogado, como la UDI no había sido parte de los alegatos del amparo que desencadenó el debate, no correspondía que ahora pudiera apelar respecto al resultado del mismo.

De esta forma, el jueves 22 de mayo ingresó un documento donde indicó que “una vez resuelta esta acción de amparo de manera favorable para este interviniente, que únicamente tuvo a la vista las peticiones formuladas por las partes recién mencionadas (requirente y Fiscalía), Juan Antonio Coloma Álamos se hizo parte y dedujo un recurso de apelación, invocando su calidad de querellante y solicitando que no se considerara su inasistencia en el proceso por la ‘rápida y ejecutiva’ tramitación de esta acción de amparo”.

Y agregó: “Queda de manifiesto que el querellante no posee el requisito genérico, común y fundamental para poder impetrar recurso alguno contra cualquier sentencia, toda vez que Juan Antonio Coloma Álamos no se hizo parte en estos autos sino hasta tres días después del fallo que le puso término, no formuló peticiones que pudieran haber sido acogidas o rechazadas por esta Iltma. Corte en dicha sentencia y, por consiguiente, no posee agravio alguno que pudiera convertirlo en parte legitimada del recurso de apelación intentado".

Sin embargo, los ministros integrantes de la Primera Sala del tribunal de alzada desestimaron dicho planteamiento y dieron curso a la presentación de la UDI.

Se consideró, en ese sentido, que el fallo respecto del amparo de Huneeus tiene un claro efecto en la causa donde el partido comandado por Guillermo Ramírez es parte.

“Atendido que lo resuelto en esta causa produce efectos directos en la causa penal RIT 11087-2023 del Juzgado de Garantía de esta ciudad, en la cual don Pablo Toloza Fernández, abogado por don Juan Antonio Coloma Álamos, tiene la calidad de querellante, quien no fuera oportunamente emplazado en esta causa, no obstante que lo resuelto le afecta directamente, resulta procedente el que se haga parte y eventualmente apele de la resolución en aquella parte que le causa agravio“, razonaron los magistrados al visar el recurso.