A un mes de que finalice el mandato del gobierno de Gabriel Boric y con casi cuatro años desde la implementación del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), a noviembre se había alcanzado el 91% de la meta de las 260.000 soluciones habitacionales comprometidas por el Ejecutivo, con 236.622 terminadas o entregadas y 123.160 en ejecución. Esto, acorde al Tercer Reporte de Avances del PEH (2022–2025) preparado por el Centro de Estudios de TECHO, con información pública disponible a noviembre de 2025 y antecedentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Posterior al trabajo de TECHO, Vivienda actualizó a 247.003 las soluciones alcanzadas, con un 95% de avance.

El plan, inserto en la Ley 21.450, es una estrategia de la cartera de Vivienda, a cargo del ministro Carlos Montes, para combatir el déficit habitacional y la habitabilidad precaria. Ha cumplido o superado la meta establecida en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Pero en el análisis de TECHO, son 167.163 las viviendas terminadas o entregadas, más 69.459 soluciones con modalidades que no estaban consideradas en un inicio y que han acelerado el proceso; como arriendo con promesa de compraventa, autoconstrucción e industrialización y adquisición de vivienda construida. En la sumatoria, de hecho, en la actualidad podrían levantarse 359.782 soluciones habitacionales.

Hasta noviembre, las regiones que concentraban la mayor cantidad de viviendas distribuidas eran la Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Antofagasta y Tarapacá acumulaban los menores avances, con un 35,7% y un 58,4% de las viviendas comprometidas entregadas, respectivamente.

“El Plan de Emergencia Habitacional ha demostrado que es una herramienta capaz de avanzar y generar resultados concretos, pero también evidencia que no todos los territorios enfrentan las mismas condiciones”, afirma Javiera Moncada, directora del Centro de Estudios de TECHO-Chile.

La otra cara de los campamentos

Pero el progreso cuantificado por el reporte da cuenta de un avance heterogéneo en campamentos, con ritmos y resultados dispares en comparación con el universo total del plan.

De hecho, el 41,7% de los campamentos no iniciaba intervenciones hasta el fin de esa medición. Moncada subraya que “tienden a ser más lentos y desiguales, no por ausencia de acción, sino por las condiciones en que se desarrollan los procesos de intervención”. Explica que en esto influyen los factores estructurales, que necesitan respuestas más focalizadas para lograr soluciones habitacionales sostenibles. El caso más ejemplificador de lo lentas que resultan estas intervenciones es la megatoma de San Antonio, que recién empezó su proceso de desalojo tras varios meses infructuosos de negociación con los dueños de un terreno que pretendía adquirirse a través de cooperativas de los propios pobladores, pero que terminó siendo expropiado parcialmente.

Para abarcar los campamentos, el plan del Minvu contempla dos caminos. El primero es Construyendo Barrios, que incluye 339 planes de intervenciones de campamentos y considera la urbanización o construcción de proyectos habitacionales en el mismo sector, y que, según el documento, avanza de manera gradual y enfrenta mayores dificultades. El segundo es Gestión Habitacional, que contempla 1.025 intervenciones, con relocalización de hogares mediante la construcción y entrega de proyectos habitacionales, y que presenta una mayor capacidad de entrega en plazos acotados.

Dentro de esas 1.364 estrategias combinadas contempladas para los campamentos, 50 intervenciones se habían logrado concluir a noviembre, según TECHO. De ellos, 18 asentamientos precarios dejaron de figurar definitivamente como campamentos activos, de los cuales un 72,2% se localiza en zonas urbanas. El documento señala que son principalmente los más antiguos, con menor tamaño y con menos exposiciones a riesgos o restricciones normativas. Las otras 32 intervenciones finalizadas implica el cierra de la intervención por parte del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, pero no significa que haya finalizado todo el proceso, el que luego queda a cargo de otras instituciones para completar obras pendientes y la entrega de las soluciones habitacionales definitivas.

Según el consolidado de TECHO, la gran mayoría de los asentamientos con intervención finalizada, salvo un caso en la RM, concentra menos de 100 hogares. “En Chile aún persiste una gran deuda con las familias de los campamentos y es urgente acelerar los tiempos de respuesta para que cada persona pueda acceder a una vivienda”, señala Moncada.

El tercer reporte de TECHO concluye que existe una oportunidad clave para incorporar aprendizajes en torno a complejidades sociales, normativas y territoriales, además de mejorar los instrumentos existentes y priorizar a quienes viven en campamentos.