En el marco de la ceremonia de rendición de su primera Cuenta Pública, la defensora nacional, Verónica Encina Vera, llamó a dotar de autonomía constitucional a la institución que ella encabeza desde abril, planteándolo como una forma de “equilibrar el sistema de justicia”.

Encina apuntó que a casi 25 años de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal “el mundo y el país han cambiado, pero la Defensoría no se ha actualizado”.

En esa línea, sostuvo que la DPP ha mantenido desde su creación, un estatus de organismo dependiente “mientras que todas las Defensorías del mundo transitan a la autonomía”.

En su discurso, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública –que estuvo acompañada del Presidente Gabriel Boric Font- explicó que es fundamental ser independiente porque “los abogados defensores penales públicos deben ajustar sus estrategias de trabajo a los intereses de su representado, no a los del gobierno de turno, ni a lo que le ordene la Defensora Nacional o los jueces o a lo que recomiende la opinión pública”.

“La autonomía se trata de los derechos de los ciudadanos, no de los defensores”, insistió.

La autoridad aludió un reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, que defiende la idea de autonomía de la Defensoría Penal Pública para asegurar debidamente el derecho a defensa.

En base a eso, anunció que impulsará una propuesta formal para materializar ese cambio.

“Como defensora nacional he convocado a todos los estamentos de la institución a un diálogo participativo, que permitirá elaborar una propuesta concreta que se ofrecerá al debate público y así dotar a la Defensoría Penal Pública de las herramientas necesarias para profundizar su función como garante del debido proceso y del derecho a defensa en nuestro país”, expuso Encina.

Prisión preventiva

Durante la ceremonia, la defensora también expresó su preocupación ante el progresivo aumento de la prisión preventiva, que en 2024 tuvo un aumento de 0,5% respecto de 2023, superando los 25 mil casos.

“Un ejemplo emblemático de ello es la prisión preventiva de mujeres, que entre 2023 y 2024 experimentó un aumento de 12,6%. La situación empeora si se trata de mujeres extranjeras, a quienes se impuso la prisión preventiva en un 17,6% versus el 4,4% de las imputadas chilenas”, detalló.

Por ello, aseguró que la excesiva imposición de la prisión preventiva “se puede traducir en graves vulneraciones de derechos y trae como consecuencia la inquietante consecuencia obvia: su imposición errónea”.