El 27 de febrero de 2025 la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó hasta La Paz, Bolivia, para firmar el acuerdo de reconducción de migrantes irregulares desde Chile hacia el país altiplánico. Hasta entonces dicho país se había negado a alcanzar un acuerdo con Chile para recibir a ciudadanos extranjeros que provenían desde su país al territorio nacional. Algo que se revirtió con el histórico acuerdo.

Dicho mecanismo se estableció en la legislación nacional tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Extranjería y Migración, que se puso en marcha en marzo de 2022. Tal como su nombre lo dice, desde que un migrante en situación irregular es detectado ingresando por un paso no habilitado, es conducido hacia el país de origen, evitando su ingreso a Chile. Hasta ahora, solo Perú y Argentina habían aceptado llevar a cabo este proceso, mientras que Bolivia solo aceptaba a sus ciudadanos.

Desde el 28 de marzo de 2025 y hasta el 31 de enero pasado, según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, 4.027 extranjeros han sido reconducidos desde Chile hacia Bolivia por el paso fronterizo de Colchane, tras ser detectados ingresando por pasos no autorizados.

De todos ellos, la mayoría, con 1.812 (44,9%), corresponde a ciudadanos venezolanos, seguidos de bolivianos con 1.681 casos, lo que representa al 41,7% del total de migrantes reconducidos hacia el país altiplánico.

Las negociaciones que permitieron destrabar el acuerdo para que Bolivia aceptara recibir migrantes reconducidos desde Chile se logró luego de acuerdos en materia de transporte, tramitación expedita de visas de trabajo, acuerdo para los habitantes de la zona fronteriza y la autorización de modificaciones al oleoducto boliviano hacia Chile.

La estadística anterior fue considerada en el informe final de la gestión 2022-2026 de la administración saliente, del exdirector de Migraciones Luis Thayer.

En ese reporte se consignó que “durante las primeras semanas de implementación se acordó realizar una fase de marcha blanca en que se reconducía un máximo de 10 personas de terceros países por día; actualmente se reconduce un volumen de 40 personas diarias o su equivalente semanal, atendiendo el hecho de que diariamente se detectan menos de esa cantidad de personas“.

Cinco años de reconducciones

El mismo informe de Migraciones también da cuenta de las cifras totales desde que se implementó la medida en 2022. A nivel nacional, según las cifras del organismo que ahora será encabezado por Frank Sauerbaum, se ha reconducido 19.201 extranjeros en situación irregular que intentaron ingresar al país.

En los cinco años desde que se implementó la medida, durante 2025 se alcanzaron 5.057 personas reconducidas, 19,4% más que en 2024 cuando se alcanzó a 4.235 personas. El peak de personas sometidas a dicho mecanismo se alcanzó en 2023, año en el que se recondujeron 6.543 migrantes irregulares.

A juicio de Thayer, las cifras de reconducciones “muestran la eficacia que tiene esta herramienta para mejorar la gestión de la frontera. Son 20.000 personas que no han podido entrar a nuestro país y que fueron reconducidas al país de donde provenían porque intentaron ingresar de manera irregular, y por lo tanto es una herramienta que es efectiva y que da resultados”.

Respecto de las razones, Thayer apunta a que se debe a dos factores: “El primero tiene que ver con el acuerdo firmado e implementado con Bolivia (...) por otra parte, el año 2024 entra en vigencia una norma que establece que el área de reconducción no es la línea fronteriza, sino que son 10 kilómetros al interior del país, desde la línea fronteriza. La ampliación de esta zona de reconducción permitió también ampliar el volumen de personas que son objeto de este tipo de procedimientos”.

Para el exsubsecretario del Interior y director ejecutivo de Pivotes, Juan Francisco Galli, que el Estado boliviano “haya comenzado a aceptar reconducciones en la zona de Colchane constituye una noticia positiva y un cambio respecto de la actitud que tuvo en el pasado. Sin embargo, las cifras de reconducción son bajas, particularmente considerando que menos del 60% de los ciudadanos extranjeros reconducidos son nacionales no bolivianos”.

“La reconducción no es una solución definitiva al problema, porque aquellos ciudadanos venezolanos, colombianos o dominicanos que ya se encuentran en la frontera e intentaron ingresar a Chile no se quedarán definitivamente en Bolivia sino que intentarán seguir su camino. El problema debe abordarse en el origen de la migración y ser insistentes en la necesidad de que el ingreso a nuestro país se haga de manera regular”, plantea la exautoridad.

Un proyecto en discusión

Durante la primera semana de gobierno, la administración del Presidente José Antonio Kast puso urgencia al proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso irregular al país. De aprobarse la normativa, si bien siempre se deberá preferir la reconducción, en caso de ser detenidas las personas enfrentarán un proceso penal que podría terminar en una condena de hasta 540 días de presidio.

Según el exsubsecretario del Interior, “la penalización del ingreso clandestino requiere de un estudio acabado para evitar que se repitan los problemas que existían antes de la vigencia de la nueva ley de migración”.

Galli explica que, “al constituir un delito, la conducta de los extranjeros que ingresan clandestinamente pasa a ser de competencia del Ministerio Público y se sujeta a las normas del Código Procesal Penal. Ello implica que la persona es sometida a un proceso con todas las garantías y su privación de libertad pasa a ser una decisión del juez de garantía. La autoridad administrativa deja de ser competente para gestionar el ingreso clandestino y su expulsión administrativa solo puede materializarse una vez terminado el proceso”.

A juicio del exdirector de Migraciones, “la penalización del ingreso irregular le va a poner la lápida a la reconducción. Esto debido a que, dado que la reconducción es un procedimiento de alta carga y presión sobre las instituciones, si no es un imperativo de la ley lo más probable es que no ocurra”.

En línea con lo anterior, Thayer sostiene que, dado que el proceso de reconducción implica seguir una serie de pasos, “si es que no hay un imperativo legal que lo mandate, que lo haga obligatorio a todo evento, lo más probable es que baje el volumen de reconducciones y se termine por penalizar y judicializar todo ingreso irregular. En este mismo sentido, creo que es un error poner a las policías y a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de materializar las reconducciones, en esta incertidumbre y en esta ambigüedad jurídica.”.