Un correo llegó a los alcaldes, concejales y directivos municipales que componen la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). ¿El motivo? La misma entidad convocaba a las Escuelas de Verano 2026, que tienen como objetivo la capacitación a funcionarios municipales a partir de temas claves para el país. Hasta ahí, todo bien.

Sin embargo, la convocatoria despertó polémica en el mundo municipal porque aparejado, la entidad liderada por Gustavo Alessandri (ind.-RN) pide el pago de $ 250 mil para la inscripción, lo que según algunas voces conocedoras contraviene lo dictado por la Contraloría General de la República (CGR).

Dichos talleres se realizarán entre el 20 y el 23 de enero a lo largo de Chile, y tendrán seis temáticas principales:

• Economía circular frente al cambio climático (Iquique).
• Desafíos de probidad y obligaciones jurídicas (Antofagasta).
• Nueva Ley de Seguridad Municipal (Coquimbo).
• Crisis hídrida y ruralidad (Viña del Mar).
• Finanzas y compras públicas (Valdivia).
• Digitalización e inteligencia artificial (Puerto Montt).

El cobro de los 250 mil pesos fue explicado en el correo electrónico argumentando que “este valor sólo cubre gastos logísticos de las instalaciones y servicios que se entregan. Por su parte, la asociación asume los gastos que se generan en la organización de los encuentros, entre otros, viaje y alojamiento de expositores y equipo organizativo”.

Pero en el mundo municipal de inmediato se alzaron voces que recordaron que dicho cobro contraviene dos dictámenes de Contraloría: El E195880 y el E129432, ambos de 2025. En ellos se establece que las capacitaciones deben ser financiadas por las contribuciones efectuadas por los municipios mediante el pago de cuotas, según establece el artículo 145 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades.

Los dictámenes señalan que “es dable aclarar que las asociaciones como las de la especie sí se encuentran habilitadas para la prestación de servicios de capacitación, los que deben solventarse con arreglo al artículo 145 de la ley N° 18.695″.

Pero la ACHM interpreta que el dictamen de Contraloría establece que están facultados para cobrar por las actividades. De hecho la entidad publicó un comunicado al respecto afirmando que el ente fiscalizador “reconsidera dictamen” y que supuestamente “confirmó que los ingresos obtenidos por estas actividades forman parte del patrimonio propio de las asociaciones”.

Pero conocedores del tema dentro de la entidad liderada por Dorothy Pérez aclaran que la ACHM no puede cobrar por esos servicios, buscando evitar que este tipo de asociaciones se transformen en negocios, considerando que los “clientes” no tienen más alternativas. De hecho, se espera que pronto emane otro dictamen más explícito, el que aún está en proceso. Del mismo modo, es posible que en algunos días y tras pedir más información, se emita un pronunciamiento al respecto.

Este cobro se da en un contexto en que la entidad ha sido cuestionada por el uso de sus recursos públicos, con cuestionamientos por desvinculaciones a trabajadores y contrataciones de carácter político por parte de Alessandri. Mientras, desde la entidad han estado atentos a una investigación de la Contraloría respecto de la gestión anterior liderada por la hoy subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.