Falso agente del FBI y avezado narco ligado a un ex PDI: nuevos imputados en red de secuestros quedan en prisión preventiva
Los implicados fueron identificados como Stefano Andreotti, Ángel Herrera y Claudio Navarrete. Las indagaciones se mantienen en curso y no se descarta que otros imputados puedan ser formalizados como parte de la red.

En prisión preventiva quedaron este martes Stefano Andreotti, Ángel Herrera y Claudio Navarrete, imputados por su participación en la red de extorsiones y secuestros contra ciudadanos chinos que investiga la Fiscalía Supraterritorial, y que involucra al exfiscal Vinko Fodich.
Lo anterior, luego de que el fiscal jefe Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, formalizara cargos en su contra -ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- por los delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo y extorsión, asegurando que sus libertades constituyen un riesgo para la seguridad de la sociedad.
De acuerdo a la indagatoria, Andreotti fue la persona que pagó a efectivos de la PDI para que revisaran antecedentes de las víctimas, Mingkai Fu y Mingxia Fu. Herrera actuó como falso detenido en el supuesto cuartel que se montó para mantener a los hermanos en cautiverio. Y Navarrete, según los equipos investigativos, simuló ser agente del FBI para dar verosimilitud al montaje.
Si bien en la mayoría de los casos las defensas suelen controvertir las medidas de seguridad que solicita la Fiscalía, buscando que sus clientes queden con cautelares menos intensas, en esta oportunidad el abogado que representa a los tres imputados, Patricio Cofré, mencionó que no era necesario que el Ministerio Público expusiera al respecto, aceptando que se decretara la prisión preventiva.
Aún así, los fiscales que llevan la indagatoria manifestaron que era necesario exponer antecedentes generales sobre la peligrosidad de los sujetos, para así fundar la petición y evitar que en un futuro se pudiese denunciar algún tipo de vulneración al debido proceso.
Así, luego de 20 minutos de audiencia, tras una rápida lectura de cargos y exposición sobre antecedentes penales previos de los formalizados, la jueza Carla Capello decretó la medida cautelar más gravosa.
Los tres nuevos formalizados se suman a Rodrigo Navarrete Umaña, Pablo Gajardo Romo y Sebastián Gajardo Rojas, funcionarios de la PDI que quedaron en prisión preventiva la semana pasada, al igual que Vinko Fodich, Luis Moraga Parisi, Ángelo Stevens Aguilera y José Ignacio Pinto Inzunza.
Se mantuvo el plazo de investigación entregado el viernes, de 150 días.
La preponderancia de Andreotti
Si bien en la indagación, como ha recalcado el fiscal Orellana, se ha establecido que todos los imputados tenían pleno conocimiento de la participación de exagentes de la PDI, las pesquisas han permitido determinar que era Andreotti quien mantenía mayor vínculo con ellos y que ejercía como una especie de líder en la organización.
De hecho, como se informó durante la audiencia, fue él quien pagó a un funcionario de la PDI de La Serena para que le entregara información de las víctimas. Por lo mismo, también se le imputaron cargos por delito de soborno.
Dichas consultas, como detalló Orellana, les permitieron a los imputados “tener antecedentes suficientes para poder realizar sus designios criminales, poder materializar la ubicación, el secuestro y la extorsión respecto de las víctimas, en relación al lugar donde efectivamente se podían encontrar al momento de la realización de los hechos”.
Por lo mismo, el fiscal también hizo referencia al futuro judicial del referido funcionario policial: “Va a ser formalizado oportunamente dentro de la investigación”. Y no sería el único, pues de acuerdo con antecedentes reportados por T13, además de él y de los otros tres ex PDI ya formalizados, hay otros cuatro que están siendo indagados por su participación en los hechos.
Según los antecedentes que pudo revisar este medio, además, dan cuenta de que los vínculos de Andreotti con efectivos de la policía civil datan desde hace años. El sujeto mantiene una causa previa por tráfico de drogas, por la que se le comunicará sentencia la próxima semana, y donde también están implicados exefectivos que se desempeñaban en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
En esas pesquisas, encabezadas por la Fiscalía Local de Pudahuel, se estableció que previa coordinación con los exagentes policiales Camilo Pastor y Cristián Acevedo, y un cuarto imputado, movieron 9 kilos de cocaína hasta España e internaron 17.800 gramos de MDMA a territorio nacional.
Por lo mismo, los cuatro fueron condenados por el delito de tráfico de drogas el pasado 10 de septiembre. La lectura de la sentencia será el lunes 21 de septiembre.
Consultado respecto de las razones por las que el aludido se mantenía libre, el fiscal Orellana hizo presente que desconocen el detalle de la situación, pero que sí mantenía medidas cautelares que no estaba cumpliendo.
Asociación criminal
Si bien cuando se formalizaron cargos contra el primer grupo de imputados en esta causa, el juez Mario Cayul no dio por acreditado el delito de asociación criminal, para el Ministerio Público sí hay elementos suficientes para sostener dicha imputación.
“Respecto de la existencia de la organización criminal, el Ministerio Público sigue teniendo una opinión en el sentido de que los antecedentes justifican de manera suficiente la existencia de la organización criminal. La resolución que recibimos en la primera audiencia no se pronuncia muy específicamente respecto de por qué no considera que ese presupuesto material no estaba por acreditado. Más allá de aquello, el pronunciamiento lo realiza después del allanamiento respecto de varios de los imputados principales en la investigación, que también se habían allanado a la medida cautelar de prisión preventiva”, dijo al respecto Orellana.
Y agregó: “Es una decisión jurisdiccional que nosotros respetamos, pero que claramente no compartimos porque ustedes también lo han escuchado y han visto los antecedentes. Aquí estamos ante delitos sostenidos en el tiempo, que fueron cometidos en un contexto en que además la organización se prevale de los funcionarios públicos para la ejecución de los mismos, pero además hay una multiplicidad de acciones distribuidas y roles muy específicos que permiten establecer con claridad la existencia de la organización criminal”.
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